El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó en octubre del 2011 con la finalidad de otorgar protección a los adultos mayores a partir de los 65 años de edad en condiciones de pobreza extrema. En el reciente debate entre los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la modificación de las condiciones de este programa protagonizó las propuestas de ambos partidos. 

Por un lado, Pedro Castillo plantea ampliar el espectro de beneficiarios del programa y que se pueda acceder a este desde los 60 años. Keiko Fujimori, en cambio, apuesta por duplicar la pensión de S/. 250 a S/. 500 bimensuales. En un contexto de pandemia ¿Son viables estas propuestas? 

Una población más amplia 

Para María Amparo Cruz-Saco, Investigadora Adjunta del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), “la pobreza entre los adultos mayores de 60 años es elevada debido a que carecen de seguridad social y cobertura de pensiones contributivas. Por esa razón, la mitad de esta población continúa en la PEA (aprox, 58% varones y 45% mujeres) aun cuando padecen enfermedades crónicas u otras. Es por ello que les conviene recibir asistencia social mediante una pensión social”. 

La viabilidad de la medida, según la investigadora, dependerá mucho de la delimitación de los ingresos de los beneficiarios. De extenderse el programa solo a la población mayor de 60 años en pobreza extrema, el alcance total sería de 1 millón de beneficiarios. Es decir, a los 550 mil que ahora mismo cobran los 250 soles, se sumarían solo 450 mil personas. “Si por el contrario, Castillo quisiera abarcar a todas las personas mayores de 60, sería muy costoso, serían 4 millones de personas”, indica. 

Noelia Bernal, Profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, coincide con la importancia de una delimitación rigurosa. “Se considera adulta mayor a una persona de 65 años a más, bajo la otra premisa se distorsiona mucho la lógica de esta pensión”. Otro argumento en contra que expone es el del costo fiscal que implica pagar una pensión por varios años partiendo desde una edad más temprana (60 años). 

Los 65 años corresponde a la edad de jubilación y está basada en la esperanza de vida de la población de un país. El Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez, destaca que “incluso en algunos países se está contemplando incrementar la edad mínima de jubilación, por lo que, en este tipo de programa, reducir la edad para ser beneficiario podría desincentivar la búsqueda de empleo a las personas de entre 60 y 65 años, y propiciar una distorsión del programa”. 

Desde el nacimiento del programa, en el 2011, el monto bimensual que se entrega a los beneficiarios de Pensión 65 no ha tenido ningún incremento. Por ello, María Amparo Cruz-Saco expone que es necesario elevarlo. “Aunque la inflación es baja, de todas maneras, después de casi 10 años, este monto ha perdido poder adquisitivo”. 

A pesar de la vulnerabilidad de este grupo etario y de una urgencia por mejorar mínimamente su nivel de vida, la investigadora destaca que este incremento no está presupuestado para el año 2021. “Vista individualmente, la propuesta de Keiko Fujimori es más costosa y requeriría cerca de S/ 1,000 millones. Esta suma compite con otros objetivos de política social pública . Sin embargo, es un uso adecuado de los ingresos públicos porque protege a población vulnerable. Además, el monto si debería elevarse”.

Para Noelia Bernal, el incremento es viable y necesario para los adultos mayores que viven en pobreza extrema. Perú es uno de los países que menos gasta en Pensión 65 y existe un margen para gastar un poco más. 

“Si uno lo mira como gasto anual, esta propuesta es fiscalmente viable. Hoy pagamos entre 0.11 y 0.13 puntos del PBI en estas pensiones y sería duplicar el gasto anualmente. Este gasto es creciente en el tiempo porque las pensiones se pagan por muchos años. Un anciano recibe esto desde los 65 hasta que fallece y la suma de esos pagos, llamada costo fiscal, equivaldría a un 6.7% del PBI. El análisis se vuelve más complicado y habría que buscar fuentes de financiamiento, de dónde va a salir el dinero. Es un contexto difícil, con muchas demandas y poco dinero”, detalla. 

Se trata de una población cambiante que ha sido afectada por los estragos de la crisis sanitaria. “Según estimaciones del INEI, antes de la pandemia, la pobreza monetaria incidió en el 14,9% de los adultos a partir de los 60 años y la vulnerabilidad monetaria afectó al 29,7%. Esto significa que en el peor escenario los beneficiarios del Programa Pensión 65 casi se podrían duplicar en número, por lo que duplicar el monto de la subvención equivaldría a cuadriplicar el costo del programa respecto al presupuesto anual de tiempos normales”, anota Marcel Ramírez. 

Los tres especialistas coinciden en la necesidad de una reforma del sistema previsional peruano. “Sugeriría inscribirlo en una reforma amplia porque de esa manera es más viable políticamente. Si uno divide el paquete de reformas en no contributiva y contributiva se volverá súper difícil pasar la reforma contributiva. Es muy importante porque se está destrozando nuestro sistema de pensiones contributivo con todos los retiros que se aprobaron”, manifiesta Noelia Bernal. 

“Elevar la seguridad financiera de las personas mayores (60+) en las actuales circunstancias o elevar el monto de P65 a los actuales recipientes son objetivos loables. Pero, obviamente, más allá de las declaraciones populistas, estas medidas deben ser parte de un plan. No veo este plan en ningún caso”, finalizó Cruz-Saco.