A pesar de que el Ejecutivo observó la ley que permite el retiro de hasta S/ 4300 de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la cual calificó de inconstitucional e inaplicable, el Congreso ha señalado que buscará aprobarla por insistencia.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿en qué medida dicha ley representa un verdadero alivio para la población más afectada por la crisis?, ¿se trata de una medida con sustento técnico o un salto al vacío? Lejos de las pugnas políticas y judiciales, tres docentes de la Universidad del Pacífico nos comparten su análisis respecto a la naturaleza y pertinencia de la polémica norma.
¿Una ley inaplicable?
En primer lugar, existe un problema de aplicabilidad de la norma. En teoría, la cantidad de dinero que podrá retirar cada afiliado dependerá, lógicamente, del monto que este haya aportado. Sin embargo, la ONP no tiene fondos individuales y hay un severo problema con respecto al registro completo de los aportes realizados.
«La ONP no va a poder identificar los aportes de determinados individuos y ejecutar el mandato que dice la ley. Por lo tanto, cualquier afiliado puede ir y no van a poder identificar exactamente cuánto le tienen que devolver», advirtió Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico e investigadora especializada en pensiones y seguridad social.
Uno de los argumentos más esgrimidos por los detractores de la norma es —tal como lo señala el Ejecutivo— su inconstitucionalidad. Al respecto, Bernal señaló que los fondos previsionales están protegidos por la Constitución. «Se ha ido violando este principio, tanto con las devoluciones de las AFP como con esta devolución de los fondos de la ONP», advirtió.
Impacto fiscal
Hay otro punto esencial para reflexionar sobre la ley sobre la ONP: el Congreso no tiene iniciativa para aumentar ni crear gasto público. Jorge González Izquierdo, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, explicó que actualmente la ONP atraviesa una muy mala situación, tanto financiera como económica. «Lo que aportan hoy los trabajadores activos no alcanza siquiera para pagar las pensiones de 570 000 jubilados. El Gobierno tiene que estarles dando adicionalmente», explicó.
Es decir, si se asume que todos los afiliados solicitarían la devolución de sus aportes, se calcula que el Estado tendría que desembolsar entre S/ 15 000 y S/ 18 000 millones, lo cual ocasionaría un forado fiscal.
«Esa ley fue observada por el Gobierno porque generaría un problema en el déficit fiscal: costaría al Estado cerca de S/ 18 000 millones y mataría al sistema de pensiones», aseguró Jorge Carrillo, docente de Pacífico Business School.
El fondo del asunto
En ese sentido, Bernal coincide con Carrillo: en su opinión, la ley terminaría por desmantelar el sistema de pensiones. Devolver dichos aportes implica que, en su vejez, esas personas —que hoy no necesariamente han perdido sus empleos formales— no recibirán una pensión. «Se está cambiando el diseño del sistema. Ya no es uno de pensiones, ni por el lado de las AFP ni por el lado de la ONP. Básicamente, yo lo veo como un sistema de ahorro de corto o mediano plazo a lo mucho», opinó Bernal.
De ser aprobada la ley por insistencia, la ONP tendría un máximo de 30 días para recibir cada solicitud. Sin embargo, el Ejecutivo podría llevar el caso al Tribunal Constitucional. «El Ejecutivo le ha demostrado claramente al Congreso que el proyecto de ley que ellos habían aprobado no tiene mayor sustento ni financiero ni económico ni jurídico constitucional. Entonces, creo yo, que el Congreso no debe insistir», recomendó González Izquierdo.
Detrás de la preocupación que dicha ley despierta entre los investigadores está la consciencia del esfuerzo que implicó crear —con sus muchas imperfecciones— el sistema de pensiones tras la devastadora crisis de los 80. «Ahora lo estamos desmantelando y tocará volver a construir sobre lo que quede. Ojalá sea un sistema más robusto, a prueba de crisis y populismo», declaró Bernal.