Ninguno
Pueblos originarios en el Perú: sin avances significativos para su inclusión
09 de agosto de 2022
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nuestros profesores-investigadores Mariela Noles Cotito y Roger Merino analizan la situación de los pueblos indígenas en el país y plantean los retos pendientes.
De acuerdo a la ONU, hay más de 476 millones pueblos indígenas distribuidos en 90 países de todo el mundo. En el Perú, se reconoce a 55, según el registro del Ministerio de Cultura (51 en la Amazonía y 4 en el área andina). Estos grupos humanos contribuyen a la riqueza y diversidad cultural; sin embargo, todavía representan uno de los sectores más desfavorecidos en la sociedad. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Mariela Noles Cotito y Roger Merino, profesores e investigadores de la Universidad del Pacífico, brindan un acercamiento a la situación que atraviesan estas comunidades.

Una de las prioridades en la agenda de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo ha sido garantizar su inclusión por parte del Estado, pero ―de acuerdo con Noles― esta situación no presenta cambios significativos, pues los avances han sido meramente formales: «Tenemos diversas normas de protección de lenguas, patrimonio y consulta previa, por ejemplo, pero esto no se ha traducido en una mejora en su calidad de vida o la garantía de sus derechos». 

Por tanto, la investigadora aseguró que el estado actual de esta población todavía es de vulnerabilidad. La mayoría de ellos ―advirtió― se encuentra por debajo del promedio nacional en cuanto al acceso de servicios, incluyendo los más básicos, como educación, salud y trabajo di​gno. 

Sobre la consulta previa, el profesor Merino señaló: «Varios estudios muestran cómo las consultas realizadas adolecen de problemas institucionales y estructurales. Es decir, la consulta previa en muchos casos no ha reducido la conflictividad social, sino que ha abierto nuevos espacios para recibir demandas sociales insatisfechas. De hecho, varios estudios muestran como las consultas realizadas adolecen de problemas institucionales y estructurales​ . Un ejemplo del problema institucional es la falta de mecanismos de seguimiento de los acuerdos de consulta. Sobre el tema estructural, las profundas brechas sociales hacen que muchos pueblos consultados acepten cualquier condición para el desarrollo de proyectos (lo que luego termina generando conflictos sociales) o cuestionen todo el proceso de consulta por no incluir temas que van más allá de los proyectos pero que son urgentes (como la remediación ambiental y la titulación de tierras)» 

Asimismo, sostuvo que ello responde a una falta de planteamiento de objetivos de gobierno concretos sobre el tema y a que tampoco hay ningún esfuerzo. Además, aseguró que el recambio constante de ministros en el sector (4 hasta la fecha) hace muy difícil plantear, desarrollar y sostener políticas públicas que requieren de una alta legitimidad social. 

«Por ejemplo, justo antes del inicio del nuevo gobierno, el Ministerio de Cultura prepublicó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2030 y planteaba un plazo de 60 días para recoger los comentarios de la ciudadanía. Hasta la fecha no hay un documento aprobado y, más bien, organizaciones de la sociedad civil cuestionan el proyecto de documento por no contener las prioridades que las organizaciones y pueblos indígenas han estado demandando por décadas», afirmó Merino. 

Retos pendientes 

Mariela Noles Cotito también se refirió a la deuda pendiente que el Estado tiene en materia de derechos con la población indígena, indicando que todavía no se ha cumplido con asegurar el ejercicio y goce de todos ellos para las personas indígenas, así como tampoco se ha avanzado en la protección de los derechos que les corresponden de forma exclusiva, relativos a la protección de sus lenguas, territorios, formas de vida, saberes e integridad. Esta falta con el compromiso asumido, según Noles, se explicaría a la vinculación social que tenemos con las poblaciones originarias, pues como sociedad «todavía sostenemos narrativas deshumanizantes y estereotipadas sobre los pueblos indígenas y las personas indígenas». 

Otro tema fundamental, planteado por Roger Merino, tiene que ver con la personería jurídica de estos pueblos. Las organizaciones indígenas apelan al ​​Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU para demandar ​que se les reconozca legalmente como naciones, pero estos pedidos terminan siendo ignorados, y, en algunos casos, han tenido la oposición del Estado. 

Evidencia de este problema es lo sucedido con los Gobiernos Autónomos Territoriales Wampís y Awajún en la Amazonía. Estos pueblos fueron reconocidos por ordenanzas regionales de Cajamarca y Loreto; sin embargo, en el 2019 el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales bajo el argumento de que ello era competencia exclusiva del Ministerio de Cultura. 

«A la fecha, sin embargo, no hay propuesta alguna, ni en el proyecto de política mencionado ni en proyectos normativos, para un reconocimiento de esta naturaleza. Lo mismo respecto al territorio indígena», señaló Merino. Asimismo, indicó que la legislación nacional solo puede reconocer a los pueblos indígenas derechos de «cesión en uso» sobre las áreas forestales donde viven ancestralmente, mas no derechos territoriales. 

Finalmente, Merino resaltó la importancia de contemplar la situación de los defensores y las defensoras ambientales, que sufren de acoso y victimización por actividades extractivas (muchas veces ilegales) en sus territorios y no cuentan con mecanismos especiales de protección por parte del Estado. Se calcula que cada año mueren alrededor de 5 personas bajo estas circunstancias. 

Ambos profesores coincidieron en observar los casos de Chile y Bolivia como referentes de la región en el avance de la agenda indígena, que consiguieron gracias al reconocimiento de su plurinacionalidad. A esto se agregan los ejemplos de Ecuador y Colombia, que también han adoptado medidas en favor de esta población. A modo de conclusión, Noles consideró importante que los cambios profundos de este tipo no solo generan un nuevo paradigma legal o político, sino que también empujen a la sociedad a interiorizar esta transformación.


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Mariela Noles

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