Tampoco solemos discutir que cuando se declara la independencia del Perú, en 1821, no todas las personas nos volvimos libres. San Martín decretó la independencia del Perú aquel 28 de julio. Sin embargo, respecto de las personas negras esclavizadas, únicamente la libertad de vientres. Así, se gestó la noción de que nadie nacería esclavo en la nueva y naciente república. Una medida que dejaría en condición de esclavitud a un sector enorme de la población negra de la época. Tiempo después, retrocede en esta medida, declarando el patronazgo del amo de la madre sobre estos “nacidos libres” por 20 años si son mujeres y 24 años si son varones; plazo que en un decreto futuro se alargó hasta cerca de los 50 años. Esto es, nacerían libres, formalmente, pero debían seguir viviendo en la misma condición y bajo la tutela del patrón hasta su adultez. 

En este escenario, la empresa de la construcción de una república independiente todavía sostenida por manos esclavas fue una de marchas y contramarchas que como nos cuentan los libros de historia acaba en 1854 cuando Ramón Castilla abole la esclavitud. Las particularidades de este proceso, sin embargo, también suelen omitirse. La manumisión costó al Estado Peruano 300 pesos “por cabeza.” Esto es, pagando al amo 300 pesos por cada cuerpo negro, el Estado peruano efectivamente compró a quienes hasta ese momento, y aún después, por efecto de su compra, eran considerados mercancia. ¿Qué correspondía entonces? Una decisión gubernamental importante hubiera sido el afirmar legal o politicamente la humanidad de estas personas para eliminar su estatus como objetos de intercambio transaccional, pero esto no se hizo. En efecto, los pueblos afrodescendientes no fueron sujetos de protección legal o política hasta el año 2000. Entendible es, entonces, que la abolición de la esclavitud hiciera poco por el cambio de estatus social y político de los negros en el Perú de 1854, herencia que aun podemos ver hoy: niveles proporcionalmente bajos de representación política, altos índices de deserción escolar, subempleo y limitado acceso a servicios públicos básicos, además de una marcada ausencia en los medios de comunicación o en el imaginario colectivo como una población que contribuyó a la construcción de nuestra república, mas allá de con su arte y su comida. Por el contrario, su sobrerrepresentación en actividades deportivas y culturales, y la extensa diseminación de estereotipos negativos que, más bien, les reducen a este tipo de actividades. 

En este contexto, el día de hoy, cuando hablamos de derechos de la población afroperuana no hablamos de derechos “exclusivos” para esta población o que estén fuera del ordenamiento legal o constitucional, sino de mecanismos legales que aseguren su plena inclusión social y máximo desarrollo, así como la promoción de su ciudadanía y su derecho a la igualdad y no discriminación. Hemos visto ya que las normas ciegas a las desigualdades sociales y que no contienen mecanismos para resolverlas contribuyen, más bien, a su reproducción y sostenimiento con el resultado de que las minorías históricamente relegadas, continúen en la misma posición. 

¿Y por qué esta leyendo sobre esto? ¿Por qué hoy? Las elecciones y nuestra institucionalidad son el tema del día, o lo mas importante, podría pensarse. Comparto lo anterior precisamente porque en el contexto actual de mesurada inestabilidad e intranquilidad colectiva, estos temas siguen relegándose e ignorándose, a pesar de su urgente latencia. Porque la situación de nuestros pueblos, aquellos que hacen parte del tejido de nuestra nación, sigue sin siendo un punto olvidado en las agendas políticas partidarias. Porque si bien el racismo ha sido una pieza angular de esta campaña presidencial, ningún candidato o candidata se ha atrevido a hablar de él o su naturaleza estructural en nuestra sociedad. Y porque es junio, mes de la cultura afroperuana; si acaso, el momento perfecto para poner sobre la mesa este tema, una vez más.