En la Universidad del Pacífico se llevó a cabo un importante conversatorio titulado "La Cárcel de Bukele: ¿Es posible implementarla en Perú?", el cual reunió a destacados profesionales para analizar la problemática que trae consigo el régimen penitenciario instituido por Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador. Este modelo es presentado como un mecanismo de "guerra" contra la violencia de las pandillas y el punto de partida de la discusión fue la viabilidad y los posibles efectos de aplicar algo similar en nuestro país.
Este conversatorio fue un espacio de reflexión y debate en el cual los panelistas, desde diversas perspectivas, abordaron la temática propuesta. Cada uno de ellos expuso sus argumentos, considerando el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la dignidad del interno. Asimismo, analizaron los posibles beneficios y riesgos que podrían surgir de la implementación de un modelo carcelario similar al propuesto por el presidente de El Salvador.
Iniciamos el evento con las palabras de bienvenida de José Antonio Caro John, Director de la Clínica Penal y profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico. Luego de ello, intervino Jimena Cayo Rivera Schreiber, profesora de Litigación Penal de la Universidad del Pacífico, moderadora del conversatorio, quien apuntó como tema central del debate la viabilidad de la estrategia de "guerra" contra las pandillas y la violencia criminal. Seguidamente, dio la palabra a cada uno de los expertos convocados.
José Luis Pérez-Guadalupe, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, inició su presentación señalando que el tema es complejo y tiene muchas aristas, por lo que es necesario analizarlo de manera integral. Mencionó que la aplicación del modelo salvadoreño debe ser visto desde la óptica jurídica, ética y política. Señaló, además, que la estrategia de urgencia utilizada por Bukele fue determinante para conseguir el apoyo de la población, justificando así su accionar frente a un enemigo identificable.
José Luis Pérez-Guadalupe, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico
Eduardo Hernando Nieto, coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y profesor de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica de la PUCP, hizo un análisis jurídico que sostenía la posibilidad de implementar esta medida de excepción. El experto se enfocó en la idea de que el Derecho debe ser un reflejo de los intereses sociales, priorizando el bienestar de la población.
Por su parte, José Ugaz Sánchez-Moreno, profesor de Derecho Penal de la PUCP, detalló los antecedentes que dieron origen a la política de seguridad de Bukele, incluyendo los pactos secretos que hizo con los líderes del crimen organizado. Asimismo, hizo hincapié en los costos de implementar estas políticas, enfocándose en los más de cinco mil detenidos que han sido liberados (debido a que su arresto se hizo sin justificación alguna), así como en los 250 asesinados en las cárceles sin que medie ninguna explicación por parte del gobierno. Finalmente, mencionó que aun cuando el modelo Bukele no sea el ideal, debe llevarnos a pensar en una fórmula eficaz para combatir la delincuencia organizada dentro de un Estado democrático.
Federico Javier Llaque Mora, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, resaltó los beneficios de implementar un modelo respetuoso de los derechos humanos, pues un modelo carcelario sin reinserción social solo funciona como una bomba de tiempo. Señaló que el gran reto que tiene nuestro país respecto a la población penitenciaria es eliminar los factores de riesgo de reincidencia, concretamente el analfabetismo y la falta de capacidad productiva. De hecho, refirió que los esfuerzos se están encaminando en esta dirección. Gracias a ello, se ha logrado una productividad de 100 millones de soles al año en las cárceles, generando así un beneficio económico considerable para aquellos empresarios que apuestan por la reinserción social.
Federico Javier Llaque Mora, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario
Finalmente, Daniel Huamán Castellares, Director de la Clínica Penal y profesor de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico, analizó la responsabilidad penal de los autores de los actos y las tentativas. Propuso un sistema basado no en la culpabilidad, sino en la peligrosidad de los individuos y su capacidad de generar daños. Dicho ello, mencionó que la cárcel de Bukele debería regirse bajo este nuevo tipo de sistema, basado en el Derecho de la Seguridad, pues trata con un diferente tipo de personas.
En síntesis, el panel de expertos si bien reconoció los posibles beneficios a corto plazo del modelo Bukele, como la disminución de la violencia, también reafirmaron los riesgos asociados que trae consigo, como la violación de los derechos humanos y la falta de enfoque integral en la prevención del delito. En este sentido, se enfatizó en la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia, así como respetar los principios de reinserción y rehabilitación en el sistema penitenciario.
El mensaje final que nos dejó este conversatorio fue que la decisión de implementar un modelo carcelario así en el Perú requiere un análisis profundo y una evaluación exhaustiva de sus implicancias legales, sociales y éticas. Y que, en cualquier caso, toda medida que busque luchar contra el crimen organizado debe contemplar una mirada integral de la violencia y el delito, sin dejar de lado el respeto a los derechos fundamentales de los individuos.