El pasado 7 de junio se desarrolló en Lima el
I Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción: Compliance y Norma Antisoborno ISO 37001, que reunió a académicos y representantes de importantes organizaciones que buscan promover estándares de clase mundial para luchar frontalmente contra la corrupción. El evento, organizado por la Universidad del Pacífico (UP), contó con la participación de voceros de prestigiosas instituciones, tanto del Perú como del exterior, como
Internacional Transparency, World Compliance Association y Proética. De parte del Estado, acompañaron la cita representantes del ministerio de Energía y Minas y del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). Por el lado de la academia, participaron representantes del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social (CLERS) de la UP. “La corrupción socava los fundamentos de la civilidad y hiere de gravedad la confianza que la población deposita en sus representantes. Y, cuando esta se instala, se apodera de todos y todo se paraliza. El resultado: el país se estanca, no avanzamos y no hay desarrollo”, señaló
Matilde Schwalb, directora del (CLERS), durante la inauguración del evento, ratificando la preocupación de la universidad por un fenómeno cada vez más extendido en la sociedad peruana.
Jorge Medina, Rosmary Cornejo, François Vallaeys y José Ugaz
La primera ponencia estuvo a cargo del Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien reflexionó sobre Compliance como factor clave en la lucha contra la corrupción en la gestión pública. A pesar de que el Compliance es un término que nace en el sector empresarial, Tamayo comentó que para luchar contra la corrupción el Estado necesita ir más allá de las leyes, a través de políticas, compromisos y procedimientos, que garanticen un marco suficiente de transparencia. En ese sentido, Tamayo respaldó la introducción de estándares globales en el Estado, como la norma internacional ISO 37001, que el ministerio que representa espera implementar en el mediano plazo. José Ugaz, Presidente de International Transparency, confirmó que esta cruzada exige estándares de carácter internacional, porque la corrupción no posee fronteras. “La naturaleza de los crímenes de corrupción no solo es local. El caso Lava Jato, que todavía no conocemos en su real dimensión, no conoce de límites fronterizos, ideologías ni gobiernos, por lo que la justicia de cada país necesita herramientas le permitan estandarizar procedimientos de investigación para llegar a la verdad”, explicó Ugaz, invocando a los países a homogeneizar las acciones contra la corrupción, sin importar el origen geográfico donde se comete el delito.
Gonzalo Tamayo, Ministro de Energía y Minas
Para Jorge Medina, Presidente de Proética, el capítulo peruano de International Transparency, se necesita que el Estado, pero sobre todo las empresas, que en muchos casos son la raíz de la corrupción, asuman un compromiso claro contra esta, a través de Programas de Cumplimiento Anticorrupción, supervisados por sus respectivos directorios, para prevenir, detectar y remediar de forma eficaz los riesgos de corrupción. En ese sentido Rosmary Cornejo, ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), organismo adscrito a la PCM, indicó la importancia del ingreso del Perú al Consejo de Principios de Transparencia e Integridad en la Gestión de Intereses, que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proceso que tomó alrededor de dos años, y que exigió la aprobación del decreto legislativo 1352, que amplió el alcance de la responsabilidad de la persona jurídica. “Es el primer paso para trabajar estos temas de forma seria, dentro de un marco jurídico. Si bien solo se aprobó la sanción al delito de cohecho trasnacional, pronto deberán ampliarse a más crímenes, como colusión, fraude, soborno, entre otros”, explicó Cornejo. Para ambos expertos, es clave que se implementen estas penalidades, ya que decenas de estudios corroboran las implicancias negativas de la corrupción en términos de economía y desarrollo.
Matilde Schwalb, directora de CLERS
El economista Kurt Burneo, asesor de la presidencia ejecutiva del INACAL, subrayó la necesidad de establecer el marco para que se aplique la Certificación de la norma ISO 37001 para la prevención y detección del soborno. Desde su punto de vista, la corrupción no solo genera bajo crecimiento económico, limitando las posibilidades de sacar a más peruanos de la pobreza, sino redunda en un tema estrictamente de calidad, porque las grandes licitaciones en infraestructura para el desarrollo, como vías de comunicación, salud y educación, las obtienen no las empresas que ofrecen mejores ofertas técnicas, sino las firmas que más pagaron por soborno, generando costos diferidos, como la firma de adendas o mayores gastos por mantenimiento. “Los altos índices en infraestructura de la calidad son el resultado de los bajos índice de corrupción. En cambio, en los países más corruptos, la calidad a nivel general de la infraestructura es baja. Por lo tanto, la desconfianza en las autoridades se agudiza, generando conflictos”, sentenció Burneo, declarando la necesidad de implementar la norma ISO 37001 para que las empresas privadas sumen, dentro de sus procesos de producción, normas de calidad referidas a la corrupción, para generar una oferta empresarial de mayor calidad.
Kurt Burneo, asesor de la presidencia ejecutiva del INACAL
Finalmente, para Iván Martínez, presidente de World Compliance Association, así como CEO de INTEDYA, consultora internacional especializada en gestión de la calidad, a diferencia de lo que muchos políticos creen, existen herramientas con las que se puede enfrentar la corrupción, como el ISO 37001, incluso en países altamente contaminados por la corrupción, debido a que se trata de un fenómeno que ha alcanzado una situación dramática, en la que el discurso se ha agotado y solo cabe la toma de decisiones reales.