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Bancos de desarrollo en la Amazonía Andina: Presentan estudio liderado por Boston University y la Universidad del Pacífico
20 de abril de 2018
​El estudio forma parte de una investigación conjunta sobre la efectividad de las salvaguardas socioambientales aplicadas por los bancos de desarrollo en proyectos de infraestructura en América Latina. El primer documento evidencia un aumento de la deforestación y los conflictos sociales asociado a proyectos en la región amazónica de Bolivia, Ecuador y Perú.​

La región amazónica de Bolivia, Ecuador y Perú está experimentando actualmente el boom de inversión en infraestructura que desde hace quince años acontece en estos países. El escenario, aparentemente positivo, sin embargo, se empaña: durante este tiempo también se han incrementado el deterioro ambiental y los conflictos sociales en esta área particularmente sensible por su biodiversidad y la presencia milenaria de comunidades indígenas.

La realidad aparece como una paradoja si se considera que las instituciones financieras de desarrollo (bancos multilaterales de desarrollo, agencias de crédito a la exportación y bancos nacionales de desarrollo con operaciones en el exterior), es decir, los financistas de los proyectos –cada vez con mayor participación de entidades chinas–, vienen aplicando salvaguardas ambientales y sociales, alineadas a los estándares de cada país, justamente para que esto no ocurra.

​De este problema da cuenta el estudio "Standardizing sustainable development? Development banks in the andean amazon", una investigación conjunta liderada por el Global Development Policy Center de la Boston University y el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, con la participación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de Ecuador; y el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INSEAD), de Bolivia.​ Los resultados principales se han presentado esta semana en el ​Wilson Center.

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​Deforestación

De acuerdo al documento que resume el estudio –editado por Rebecca Ray, Kevin P. Gallagher y Cynthia Sanborn, de la Universidad del Pacífico–, entre el 2000 y el 2015, se ha perdido un promedio de 15.8% de la cobertura forestal asociada a los proyectos de infraestructura en la región amazónica de los países analizados, más de cuatro veces del promedio registrado en áreas comparables sin proyectos. Esto asciende a 209.5 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2, aproximadamente el equivalente de las emisiones anuales combinadas de Colombia, Chile y Ecuador, y a un costo social estimado entre US$ 2.1 y US$ 10.5 mil millones.

 El documento-resumen revela que el daño más significativo se asoció con Perú por el tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur, debido a una notoria deforestación. El proyecto de la central hidroeléctrica de  Inambari, concesión temporal que fue cancelada en el 2011, también se menciona como un ejemplo de una gestión inadecuada. Ambas experiencias son analizadas como estudio de casos por Juan Luis Dammert Bello, consultor para la Universidad del Pacífico, en un documento que está próximo a publicarse como parte de esta investigación conjunta.​ 

 

Salvaguardas​

¿Cómo fallaron las salvaguardas ambientales y sociales para evitar estos daños que a su vez ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos? Esta pregunta es especialmente importante debido a que si bien en el periodo 2000-2015 solo 27 de los 60 proyectos de infraestructura en los países de Bolivia, Ecuador y Perú se encontraban en la Amazonía, en los próximos años se prevé que 45 de los 57 nuevos proyectos se desarrollarán allí. En ese sentido, el estudio es propositivo y se explaya en lecciones en torno a tres temas centrales donde se han concentrado los problemas: la participación de las partes interesadas (comunidades indígenas y nativas), las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), y la transparencia y supervisión de los proyectos.   

Por ejemplo, en los países y casos donde se ha implementado el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, ha habido una deforestación significativamente menor que donde no la hicieron. La ausencia de consulta previa, además, está asociada a conflictos sociales y a la pérdida de los negocios potenciales. Otras experiencias se presentan cuando se limita el alcance de los EIA, puesto que agilizan los proyectos en el corto plazo, pero los vuelven vulnerables debido a los riesgos ambientales, sociales y políticos imprevistos. Asimismo, la falta de transparencia y rendición de cuentas impide el adecuado monitoreo de la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos, el embalsamiento de necesidades insatisfechas en las comunidades y la sostenibilidad de la misma infraestructura.

Publicación y equipo

Estos resultados forman parte de un segundo proyecto de investigación realizado en conjunto por la Boston University y la Universidad del Pacífico.  Un primer proyecto  culminó con la publicación del libro China en América Latina. ​Lecciones para la cooperación Sur- Sur y el desarrollo sostenible, publicado en e​spañol en el 2016 y en inglés en el 2017.

​El estudio actual es multidisciplinario e interdisciplinario, llevado a cabo por un equipo de trabajo de economistas, politólogos, ecologistas, geógrafos e ingenieros. Por la Universidad del Pacífico, nos representan cuatro expertos: Cynthia Sanborn, Profesora de Ciencia Política y Vicerrectora de Investigación; Juan Luis Dammert, geógrafo de Clark University y consultor del proyecto; Rosario Santa Gadea, Directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico; y Rosario Gómez, Profesora de Economía y Coordinadora del Área de Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente del Centro de Investigación – CIUP. (Foto: Agencia Andina)

DESCARGA AQUÍ EL ESTUDIO Y CONOCE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN


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