La Universidad del Pacífico será representada en el XXXVII congreso anual internacional de Latin American Studies Association (LASA) “Nuestra América: Justice and Inclusion (Justicia e Inclusión)” con doce estudios, elaborados por docentes y asistentes de su centro de investigación (CIUP). El congreso de LASA 2019 se realizará del 24 al 27 de mayo en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. LASA o la Asociación de Estudios Latinoamericanos es la agrupación profesional mundial más grande de especialistas e instituciones involucradas en el análisis de nuestra región. 

La primera parte del título de LASA 2019 es prestada del documento escrito por el político y poeta cubano José Martí “Nuestra América”, publicado en 1891, simultáneamente en New York y Ciudad de México para plasmar los deseos de integración entre las Américas del Sur y​ Norte, esgrimidos un año antes en la conferencia Pan-americana. LASA señala que a ese espíritu de visión hemisférica, le añade a su título la “justicia y la inclusión”, al tiempo que en el mundo se suelen levantar muros en las fronteras, así como ignorar la equidad social y la democracia. 

Consistente con la preocupación de LASA 2019, siete de los estudios que las y los investigadores UP presentarán abordan, precisamente, problemas que enfrentan diversas minorías –indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGTBI e inmigrantes– en el Perú o en más países de América Latina. Además, expondremos una aproximación diferente al género en la academia, así como temas políticos partidarios y de relaciones internacionales, basados en la especialidad respectiva de los profesores.

Los conocidos marginados de América Latina: indígenas y afrodescendientes 

En busca de justicia y poder: experiencias de consentimiento libre, previo e informado en América Latina, Roger Merino​. Nuestro investigador UP halló que los Estados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han adoptado la “consulta previa” con sus poblaciones indígenas, modalidad inferior del ideal: “consentimiento libre, previo e informado”. Merino cree que la “consulta previa” es un logro en su lucha por sus derechos colectivos, pero que se ha reducido a una formalidad administrativa para que políticas e inversiones se implementen. Por esto, las culturas indígenas aprovechan las consultas previas para protestar –puede terminar en violencia– antiguas injusticias estructurales, como la contaminación de sus tierras, el desplazamiento y la segregación, reflejados en deficientes servicios públicos básicos de salud y educación. Merino concluye que los Estados deberían diseñar políticas públicas que recojan las justas demandas de los indígenas. 

Interpelando la Eficacia de las Normas e Instrumentos Etnoraciales para la promoción y protección de los Derechos de la Población Afrodescendiente en América Latina, Mariela Noles Cotito. La investigadora y docente UP afirma que los poderes judiciales de la región no han respondido de forma apropiada técnica ni institucionalmente contra el racismo y la discriminación racial, en un contexto de la violación sistemática de los derechos colectivos de las poblaciones afrodescendientes. Por ello, nació el Observatorio de Justicia para Afrodescendientes de Latinoamérica (OJALA). Este convoca a académicos de la región a estudiar este fenómeno con las herramientas etno-raciales disponibles en los países para proponer estrategias y acciones específicas que puedan ser aplicadas por los operadores de Estado y de administración de justicia. OJALA plantea la revisión de las normas nacionales para la eliminación de racismo y la discriminación racial, así como de las normas que buscan promover y proteger los derechos de los afrodescendientes de las Américas. 

Inmigrantes venezolanos y mujeres venezolanas

El presidencialismo y la política Migratoria en América Latina: un análisis de las reacciones Políticas frente al desplazamiento de Ciudadanos Venezolanos, Luisa Feline Freier y Soledad Castillo Jara. Las autoras afirman que la emigración venezolana es un desplazamiento forzado porque sus ciudadanos no pueden satisfacer necesidades básicas como la preservación de la vida, la libertad y la seguridad personal Los principales receptores son Colombia, Perú, Chile y Ecuador, y en todos, la decisión sobre las políticas migratorias recae en sus Ejecutivos, –consistente con la tradición “hiperpresidencialista” de la región– antes que en sus parlamentos u organismos regionales de integración. Las investigadoras alertan del riesgo de la creciente politización del tema migratorio, que puede ser aprovechado por movimientos y partidos xenófobos extremistas, de derecha o izquierda, preocupación basada en casos recientes de Europa y Estados Unidos. Dado que nuestros países son “hiperpresidencialistas”, posibles nuevos jefes de Estado extremistas contarían con gran poder de decisión en asuntos que impactan directamente en las vidas de los migrantes venezolanos que llegan a sus territorios. 

Mujeres venezolanas en el Perú: estudiando las relaciones entre género, migración, país, cultura y trabajo, Leda Pérez​. El estudio cualitativo de la profesora UP es un análisis de entrevistas hechas a venezolanas que no tenían más de un año viviendo en el Perú. Descubrió que la totalidad de ellas​​​ tenía títulos de educación superior, sea técnica o universitaria. Y que a pesar de contar con tales calificaciones, varias de ellas tuvieron que emplearse como trabajadoras domésticas, incluso, sin haber nunca hecho dicha labor en su Venezuela, dada la crisis humanitaria del país. Así, estas migrantes venezolanas sin recursos han engrosado parte del alrededor de 17% de la fuerza laboral femenina en América Latina que labora en el trabajo doméstico, y que normalmente son migrantes, con poca educación e indígenas. 

Los otros no incluidos: la comunidad LGTBI 

Ironía probatoria: ​Estudio sobre los procesos de discriminación en el consumo por orientación sexual e identidad de género ante INDECOPI, Carlos Zelada. Nuestro investigador y Jefe del Departamento Académico de Derecho UP, indica que pese a INDECOPI prohibir la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, solo un cuarto de 36 procedimientos que analizó obtuvieron una respuesta final positiva. Por tanto, concluye que el Sistema de Protección al Consumidor no ha sido un mecanismo efectivo para sancionar conductas discriminatorias contra personas LGBTI. Zelada estima que la prueba ha representado el mayor obstáculo en la persecución de justicia administrativa. Además de las dificultades que exige medios de prueba que no están a disposición de todxs, –por ej. teléfonos con cámara para vídeos– la excusa de falta de pruebas también ha sido usada por INDECOPI para rechazar denuncias fundadas. Por ello, el docente recomienda (re) evaluar la efectividad del Sistema de Protección al Consumidor respecto a la discriminación contra personas sexualmente disidentes. 

¿Un Derecho sin sexo?: alternativas jurídicas a la diferencia sexual, Diego Quesada Nicolini. El asistente de Investigación y egresado UP identifica que las personas intersexuales y con identidades no binarias (femenino/masculino) cuestionan al Derecho que tiene una rígida diferencia de sexo/género. Pero una decisión –pionera– del Tribunal Electoral de Costa Rica, mayo 2018, ya eliminó la referencia a cualquier tipo de identificación sexual en todos los documentos de identidad. Esta es una de varias iniciativas jurídicas para las personas (cuerpos e identidades) que no se calzan en la categoría binaria. Por ejemplo: (i) el libre tránsito en el binario, (ii) una prórroga para la asignación sexual, (ii) un casillero adicional o (d) la posibilidad de no marcar ninguno de ellos. Su trabajo busca estudiar las (pocas) alternativas jurídicas que han empezado a formular los Estados para “desbinarizarse”. También discute la necesidad de “desjuridizar” nuestras identidades. 

Trans*legalidades 2: Estudio sobre los expedientes trans* post caso Romero Saldarriaga, Carolina Neyra Sevilla. La asistente de investigación UP parte de otro estudio suyo –en coautoría– sobre el comportamiento de demandantes y jueces en casos de reconocimiento de las identidades trans* en Perú (Zelada y Neyra, 2017). Ahí establecieron que los operadores apostaban por estrategias jurídicas que apelaban a discursos binarios, patologizantes y genitalizadores. Empero, la última sentencia del Tribunal Constitucional peruano sobre el tema (permite que Rodolfo Romero Saldarriaga pida a un juez cambiar su nombre a Ana, y que en el DNI se anote sexo femenino), propone eliminar requisitos invasivos para los denunciantes, además de apostar por procesos civiles céleres. Su nueva investigación analiza el desarrollo de los expedientes resueltos, luego del caso Romero Saldarriaga, y busca comprobar si jueces y demandantes se han distanciado de sus anteriores posturas. 

Los otros estudios UP presentados a LASA 2019 los reseñamos en otro artículo dedicado a nuestra participación en este congreso.