Si bien desde el 2003 existe un marco legal que garantiza los derechos de las trabajadoras del hogar, este era insuficiente y necesitaba modificaciones para cubrir las exigencias que todo empleado formal demanda. “En la práctica, la ley codificaba un trato de segunda categoría, porque no otorgaba la gama completa de derechos que debería tener un trabajador o trabajadora en el sector formal”, recordó Leda M. Pérez, investigadora de la Universidad del Pacífico, quien tiene una serie de estudios sobre el empleo doméstico remunerado. 

Esa realidad ha hecho que el 92 % de trabajadoras del hogar labore informalmente, según la Federación de Trabajadoras del Hogar (FENTTAHOP​). Por esa razón, el Congreso de la República aprobó la Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, la cual busca revalorar el empleo doméstico remunerado y equipararlo con el régimen laboral de la actividad privada. 

La nueva ley, que aún espera ser promulgada por el Ejecutivo, establece que el empleado o empleada debe contar con salario no menor a la Remuneración Mínima Vital (S/ 930), gratificación equivalente a un sueldo, derecho a Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), acceso a seguridad social, indemnización por despido arbitrario, protección contra acoso y discriminación, etc. Además, podrá gozar de derechos colectivos laborales a la formación de sindicatos, negociación colectiva de trabajo, huelga laboral, entro otros. 

“Reconocer que este sector laboral merece los mismos derechos que otros trabajadores del sector formal me parece importante simbólica y prácticamente. La idea no es seguir manteniendo a estas mujeres como ciudadanas de segunda categoría, sino que las personas reconozcan a estas mujeres”, explicó Pérez. 

De otro lado, Fabricio Medrano, profesor de Derecho ​de la Universidad del Pacífico, sostuvo que la ley tendría consecuencias negativas, ya que los empleadores no son una empresa que genera utilidades. “Por ello, a mi juicio, crea un sobrecosto que complicará la contratación y me temo que redundará en incumplimientos o desempleo”, indicó. 

El Ejecutivo tiene 15 días para emitir sus observaciones o aprobar la ley. De esta manera, su promulgación beneficiaría a 496 mil personas que ejercen esta labor en el Perú y significaría un gran cambio en las reglas del trabajo doméstico remunerado.