​Teniendo en cuenta que, de acuerdo a un informe de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, el peruano promedio solo lee el 0,86 % de un libro al año, muy por debajo de países de la región como Colombia y Chile, donde se lee 2.2 % y 4.6 % de libros al año, respectivamente, se hace imprescindible que existan políticas públicas que nos ayuden a mejorar estos índices.

Asimismo, la industria editorial peruana se encuentra muy lejos de países como México, Argentina y Brasil, quienes determinan el 75% de los títulos diarios que se producen en América Latina, mientras que Perú no llega al 5%.

A fin de rebatir este escenario, el gobierno peruano promulgó la nueva ley del libro, que dentro de sus aspectos resaltan la ampliación de los beneficios tributarios para la industria editorial por tres años más, así como la promoción de bibliotecas digitales y la creación del Fondo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (FONDOLIBRO).

Francisco Pantigoso, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, explica que en este caso, la norma busca promover la lectura, mediante la producción y venta de libros que decantará en un mayor acceso a los mismos por parte de la población. "Esto debería hacer crecer a un país. Un país sin gente que lee es un país que no prospera o prosperan unos cuantos afortunados con acceso a los libros", remarcó.

En este mismo sentido, Eva Flores, bibliotecóloga de la Universidad del Pacífico y decana del Colegio de Bibliotecólogo del Perú, señaló que, como dice la ley, el libro es una herramienta de expresión y conservación del conocimiento, pero agregó que se le debe reconocer también como una herramienta para la creación del conocimiento, ya que son insumos para la investigación con la que se genera.

"Las bibliotecas, aparte de promover la lectura, sirven para que los jóvenes practiquen el pensamiento crítico, porque ciudadanos formados en un pensamiento crítico van a poder votar por un mejor presidente. Las bibliotecas tienen un rol importante en la formación del ciudadano", precisó.

Beneficios tributarios

Según explica Francisco Pantigoso, a través de la ley No. 31053 se ha exonerado del IGV la importación y/o venta en el país de los libros y productos editoriales afines. Igualmente, los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean de hasta 150 UIT tendrán derecho al "reintegro tributario", equivalente al IGV consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de pre-prensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del proyecto editorial.

Cabe mencionar que está pendiente la publicación del reglamento de esta ley que permitirá que estos beneficios se hagan efectivos, el cual debe dictarse en un plazo máximo de 120 días calendarios desde el 16 de octubre.

Mejoras pendientes

En el aspecto tributario Francisco Pantigoso resalta que aún está pendiente resolver la acumulación del crédito fiscal generado por las adquisiciones (fuera de la lista del reintegro), que deberán ser consideradas como un gasto o costo en relación al Impuesto a la Renta, ya que no existe un mecanismo de devolución como en el caso de los exportadores.

"Esto debería ser sopesado en estas normas exoneratorias, que generan la imposibilidad de descargar el crédito fiscal, salvo que el empresario renunciara a la exoneración (art. 7° de la Ley del IGV), lo que encarecería el precio final de los libros y generaría que no sean competitivos. Nos preguntamos ¿no estamos finalmente ante un sobrecosto que neutralizaría el beneficio de la exoneración? Un punto importante a sopesar", cuestionó.

Asimismo, señaló que también podría evaluarse el hecho de que si se utilizan insumos locales para la producción de libros (diagramadores, imprentas, distribuidoras, transporte, etc.), estas empresas tengan el beneficio de un incremento adicional en un 25% o 50% de deducciones para fines fiscales, bajando así el impacto del Impuesto a la Renta, teniendo presente que los beneficios se han dado son por el lado del IGV. Incentivando, así, el desarrollo editorial nacional, de forma similar al incentivo de la investigación y desarrollo con fuentes locales.

"La idea es buscar mecanismos creativos que abaraten el precio de los libros, porque a pesar de las exoneraciones antedichas o reintegros, sigue siendo elevado el precio de un volumen, lo cual no promueve la ansiada lectura generalizada. Aunado al hecho de la falta de interés de la población nacional en dicha lectura, la preferencia por otros medios de conocimiento digitales y las pocas librerías existentes o instaladas en el país", remarcó.

Por otro lado, en el aspecto formativo, Eva Flores resaltó que la crisis sanitaria generada por el Covid – 19 nos obliga a pensar en las nuevas necesidades del sector, como la urgente transformación digital. "Estamos en un momento complicado en el que hay que pensar en llegar al futuro con una tecnología para hablar en bibliotecas digitales. No es que el libro va a desaparecer, pero hay que pensar en un futuro cercano para proyectarnos en cómo sería la ley del libro convertida en una ley del libro digital", enfatizó.

Asimismo, resaltó la labor de los bibliotecólogos en conjunto con la de los docentes para la generación de conocimiento y formación de los estudiantes, la que no se ha visto contemplada en la ley.