Pensar en el desarrollo del país es incluir la sostenibilidad ambiental como pilar fundamental en todas las actividades económicas. Esto es posible si se consideran sus beneficios a nivel empresarial y social, dentro de una visión cada más relevante de la ciudadanía sobre el cuidado del medioambiente, los recursos naturales y la salud, más aún en un contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Para aportar a la discusión, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) organizó la conferencia online «Proyecto Bicentenario del Perú: Contribuciones para su desarrollo». En ese marco, nuestros investigadores presentaron un conjunto de estudios sobre los retos del Perú en vísperas de sus 200 años de independencia, entre los que se abordó el tema medioambiental desde distintas perspectivas.
La implementación de la sostenibilidad ambiental
En una de las sesiones, Elsa Galarza —directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico— compartió los hallazgos del estudio «Competitividad y sostenibilidad ambiental», elaborado con Joanna Kámiche y José Luis Ruiz, que parte de analizar cómo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad —publicado en el 2019— incluye la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas.
En ese sentido, Galarza saludó que la sostenibilidad ambiental sea una prioridad en el país; sin embargo, indicó que hace falta trabajar algunos aspectos sobre su implementación. Sin duda, el punto más crítico —destacó— es el «conflicto» entre la regulación ambiental y la competitividad. En su exposición, enumeró cinco razones que explican esta contraposición, relacionadas básicamente con los costos inmediatos y los beneficios a largo plazo, una dinámica ajena a la empresa que está acostumbrada a invertir y tener una respuesta rápida.
En cuanto a la sostenibilidad ambiental aplicada en las políticas sectoriales, Galarza dio una advertencia: «La transversalidad es fundamental. Tener un cajón separado de políticas ambientales, disociado de los otros sectores económicos, no ayuda mucho». Tomó como ejemplo la infraestructura, cuya visión de largo plazo —el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad— casi ni menciona el tema, cuando bien pudo haberse incluido la infraestructura resiliente al fenómeno El Niño y la infraestructura natural, entre otras propuestas.
Sostenibilidad con incentivos y oportunidades
Por esas razones, la directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico brindó una serie de recomendaciones. Desde las políticas públicas, la tarea es «desarrollar una mejor y más simple agenda de regulación ambiental», planteó Galarza. Y agregó: «En temas regulatorios, muchas veces nos fijamos en detalles que son más bien obstáculos para que las empresas generen una mayor eficiencia de recursos y menor contaminación. Entonces, el enfoque regulatorio tiene que ir hacia instrumentos de incentivos y basados en el mercado».
Desde el lado de las empresas, Galarza consideró que las industrias necesitan adoptar una visión más proactiva: «Los nuevos emprendimientos son más activos en mirar los elementos clave de la sostenibilidad ambiental ante un consumidor cada vez más exigente. Y creo que, después de esta pandemia, el consumidor exigirá mucho más los temas sanitarios y aquellos que eviten la contaminación. Ese es un gran reto que tenemos que asumir».
En ese sentido, la conclusión de Galarza es un llamado al cambio de visión: «La sostenibilidad ambiental no está desligada de la competitividad y el crecimiento económico del país. El vínculo sostenibilidad y competitividad debe ser reconocido y desarrollado como una prioridad política y una oportunidad corporativa». Los comentarios estuvieron a cargo de Rossana Polastri, directora Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Aire puro para un desarrollo sostenible
En esa misma línea de investigación, Roger Merino —profesor de la Pacífico Business School y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico— presentó los resultados de una investigación sobre la urgencia de mitigar los altos niveles de contaminación del aire en el país a través de una mejor gestión de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
Se trata del estudio «No somos Finlandia: Estándares de calidad ambiental y desarrollo sostenible en el Perú», cuya autoría comparte con Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.
Durante su participación, Merino citó estadísticas mundiales que ubican al Perú como el país con la peor calidad del aire en América Latina y con la ratio más alta de niños enfermos con asma debido a la polución, una condición que es aún más riesgosa en medio de la pandemia: recientes estudios globales —informó Merino— muestran una fuerte correlación entre la contaminación del aire y el número de muertes y contagios por COVID-19.
Para plantear soluciones desde la ecología política, el profesor de la Pacífico Business School recurrió al derecho ambiental comparado, especialmente a las experiencias en Estados Unidos y Europa. En esa revisión encontró que la definición de los ECA no solo es un asunto técnico y científico, sino también político, y que requiere de plazos para alcanzar metas ambientales.
Hacia un nuevo estándar del aire
Tomando en cuenta esa casuística internacional, Merino identificó tres problemas de política en el Perú en torno a los ECA: los cambios cortoplacistas de los estándares, la priorización de la ciencia sobre el debate público y la «gradualidad de desarrollo», ese enfoque que sostiene que el Perú no puede tener estándares más altos, porque no es Finlandia u otro país desarrollado. Además, en torno a los problemas de políticas públicas, sostuvo que se ha dejado de lado las necesidades de las regiones, los planes de acción están desvinculados de los ECA y hay una ausencia de información ambiental.
Por ello, Merino recomienda diseñar un estándar a partir de deliberación democrática entre los grupos de interés, incluyendo la visión regional y el fortalecimiento de los organismos supervisores. Y, sobre todo, hacerlo dentro de una planificación nacional ambiental; es decir, que se definan los ECA de aire según objetivos ambientales de corto, mediano y largo plazo.
«Los ECA han sido modificados con la intención de reflejar la “realidad ambiental del país” y no desde una mirada prospectiva sobre del tipo de ambiente que queremos como país», finalizó Merino, dando paso a los comentarios a cargo del investigador independiente Martín Scurrah.
En suma, ambos trabajos de investigación presentados como parte del “Proyecto Bicentenario del Perú: contribuciones para su desarrollo” —una serie de estudios que próximamente será entregado a autoridades y público en general en formato de libro— coinciden en cuanto al origen del problema medioambiental: la mirada inmediatista, tanto del sector privado como del público. Por un lado, algunas empresas se resisten a la regulación ambiental a menos que esta suponga réditos inmediatos y, por otro lado, el Estado sacrifica la sostenibilidad por menores costos. Una visión que, como demuestran los estudios, urge cambiar.
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