En estos últimos días se han esbozado varias explicaciones para entender la denegatoria de confianza al gabinete de Pedro Cateriano. Si bien algunos intereses particulares como el tema de la reforma universitaria, que algunos congresistas intentan desarticular ejercieron efectivamente una influencia en la dinámica política, la razón de fondo de la denegatoria habría que buscarla en las diferentes medidas que ha ido tomando el Poder Ejecutivo desde el comienzo de la pandemia.

Una primera propuesta que el Gobierno puso sobre la mesa al llegar la pandemia al Perú fue la de crear un impuesto extraordinario sobre las mayores riquezas. Concretarla hubiera permitido generar una señal ética muy contundente y fortalecer el sentido de comunidad nacional; sin embargo, fue rápidamente descartada y reemplazada por medidas de signo contrario y de corte regresivo (concentrando aún más los ingresos). 

El supuesto con el que el Gobierno encaró la respuesta a la pandemia y descartó la posibilidad de introducir un gravamen extraordinario sobre los sectores de mayores recursos partía de su propio diagnóstico: que la fortaleza del país en términos macroeconómicos permitiría articular la respuesta más efectiva en América Latina y, por ende, sin necesidad de gravar la riqueza ni solicitar un esfuerzo extraordinario a los sectores que concentran mayores ingresos. 

El Gobierno, a través de "Reactiva Perú", finalmente decidió recorrer el camino contrario y canalizar préstamos a baja tasa por la cantidad de 34 mil millones de soles a un grupo de grandes empresas, volcando la mayor masa de los recursos públicos entre los grupos empresariales. Como medida adicional, se dio luz verde a una "suspensión perfecta de labores" que permitió aplicar despidos dentro de esas mismas empresas que recibieron la ayuda estatal. 

La contracara de “Reactiva Perú” se plasmó a través un modesto bono para las poblaciones más vulnerables. En un período de cuatro meses, el sector que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia recibió muy poco apoyo por parte del estado, hecho que debilitó la base de sustentación política que había logrado construir Vizcarra. Es decir, la sensación de abandono y desprotección por parte de la ciudadanía, en favor de sectores concretos que recibieron esa enorme cantidad de recursos, debilitó el vínculo precario que el presidente había logrado construir con la ciudadanía desde que asumió la presidencia. 

El resultado negativo de las medidas implementadas deja como saldo, según señalan diversos organismos internacionales, una economía que sufrirá el mayor retroceso en la región con unos 3 millones de puestos de trabajo perdidos. En otras palabras, la solución aplicada no blindó la economía en favor de la ciudadanía, generando por el contrario un efecto adverso que están sufriendo los sectores más vulnerables que se habían ilusionado con un Gobierno que parecía cercano. 

El giro ideológico del Gobierno que sustentó las medidas tomadas en los últimos meses buscó ser confirmado con la propuesta de un gabinete liderado por alguien que contaba con el visto bueno de las élites económicas. La propuesta colisionó con una parte importante de la representación expresada en el Congreso que de alguna manera canalizó la demanda de insatisfacción y desesperanza a través de un rechazo rotundo a la continuidad y profundización de respuestas basadas en el libre mercado y favorables a un sector específico. Ello no significa que la oposición contra la reforma universitaria que moviliza a ciertos sectores tenga que ser desestimada por el grave retroceso que podría generar, pero no pareciera alcanzar para explicar la dinámica política. 

La denegatoria de la confianza, por lo tanto, ha puesto otra vez sobre la mesa la tensión y división a la que está sometida la política peruana desde hace varias décadas, con una narrativa que, por un lado, defiende las respuestas de libre mercado como solución y camino al desarrollo del Perú; y que, por otro lado, concibe para el estado un rol distinto, equilibrador y regulador. Esas dos nociones chocaron frontalmente en estos días. 

El asunto de fondo es el que ha resurgido con la presentación del expremier Pedro Cateriano ante el Congreso con una propuesta centrada en avanzar y continuar con medidas de apoyo a sectores económicos que no generan empleo, como la minería, y que a su vez cuentan con bajo grado de legitimidad dentro de las comunidades aledañas en las que opera. Una propuesta de libre mercado como respuesta a la situación actual y como discurso único, poniendo el énfasis en la inversión y con un sesgo empresarial, dejó de lado la atención prioritaria de la pandemia con un enfoque que articule medidas de alivio directo y de sostenimiento del empleo entre los sectores más vulnerables. 

La política debe priorizar en estos momentos alternativas que contemplen soluciones a las demandas que desde algunas bancadas del Congreso se han puesto sobre la mesa. La atención a la pandemia, con mejor prestación para aquellos que necesitan la atención sanitaria, debe estar acompañada de un énfasis en la generación de empleo de carácter temporal entre los sectores más vulnerables. Además, urge implementar medidas alternativas que fortalezcan la atención y provisión de servicios a la niñez, y el apoyo con subsidios a sectores que generan empleo, como las pequeñas y medianas empresas o las industrias culturales. Eso solo será posible si se produce un giro que responda efectivamente a la demanda de mayor atención y cuidado hacia los sectores más vulnerables por parte del estado.