Los bosques del territorio peruano, especialmente los ubicados en la Amazonía, no solo son responsables de renovar el aire que respiramos, también resguardan biodiversidad y una despensa que alimenta y cura. ¿Cómo proteger estos espacios de las actividades que los degradan? Conversamos con Mónica Núñez, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, sobre las reformas más urgentes para la preservación forestal.

​​Nuestro principal desafío es reconocerle valor a los bosques en pie, y comprender la compleja interrelación de procesos de la que dependen. En especial, la importancia del manejo forestal comunitario que nos ha permitido conservar la biodiversidad que tanto orgullo nos causa como peruanos.

La visión de los recursos forestales y de fauna silvestre tradicionalmente se orienta a sustituirlos por otros usos, y la institucionalidad forestal es confusa y débil. Nuestras políticas sectoriales se concentran en la extracción de recursos del subsuelo (minería, hidrocarburos), sustitución de la cobertura forestal por monocultivos (palma aceitera, principalmente), actividades de tala, caza y captura de especies de fauna, y extensión de infraestructura lineal mal planificada.

Esta gestión fortalece la idea de que los recursos forestales carecen de valor hasta que se les reasigna un uso “productivo“. Sin embargo, los bosques en pie juegan un rol imprescindible en la conservación de biodiversidad, prevención del cambio climático y la seguridad alimentaria.

Las instituciones forestales tienen que romper con esta concepción tradicional de los bosques y promover estrategias de desarrollo regional concertado. Un paso importantísimo es reconocer la titularidad de los territorios de comunidades nativas e indígenas; para luego desarrollar el manejo de recursos forestales no maderables, la agroforestería, el manejo sostenible de la fauna, la reforestación y captura de carbono, además de actividades tradicionales – ¡pero planificadas!

 

Las actividades ilegales surgen como una respuesta a la falta de medios de vida alternativos, y/o a la demanda nacional e internacional de los productos obtenidos. La mejor manera proteger las áreas forestales es prevenir el surgimiento de estas actividades. Hay mucho dicho sobre la tala ilegal, así que me concentraré en otras actividades que amenazan los bosques.

El elefante en la sala es la minería (ilegal) aluvial de oro en Madre de Dios. El boom de la extracción de este mineral se dio como producto del incremento en el precio internacional del oro, se consolidó por ser el mejor medio de vida disponible para quienes se dedican a esta actividad, y se expandió debido a la falta de fiscalización del sector minero. Hemos optado por reprimir la minería ilegal en campo: dejándole las interdicciones a las fuerzas armadas, sin una clara estrategia de fiscalización en las plantas que procesan el concentrado de mineral y en los puntos de exportación.

A su vez, necesitamos también transparentar las cadenas productivas y educarnos como consumidores en qué productos forestales (maderables o no maderables) presentan un riesgo para la conservación. Los bosques secos de la costa norte reciben menos atención de los investigadores y autoridades, pero están bajo presión constante por nuestra demanda local de carbón. Si mapeamos la cadena productiva del pollo a la brasa, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que gran parte del carbón proviene de la tala ilegal de algarrobos. ¿Cuántos consumidores somos conscientes de esto? 

Si realmente nos interesa proteger los recursos forestales, necesitamos articular esfuerzos de varios sectores y reconocer los problemas sistémicos de los que se originan las actividades ilegales.

Las sanciones no son el problema, sino la falta de implementación de estas. Un ejemplo claro es la sanción que impuso esta semana el OEFA a la empresa Tamshi S.A.C. por deforestación en una zona de Loreto para instalar cultivos agrícolas sin contar con los permisos requeridos.

La empresa es parte de un grupo económico de capitales internacionales, que deforestó la zona desde el año 2013, y se hizo de la propiedad de la tierra bajo condiciones que han sido cuestionadas.

Ya a fines de 2014 el Ministerio de Agricultura impuso una medida correctiva de paralización de actividades que les fue imposible ejecutar. Ahora OEFA ha impuesto una medida similar, requiriendo incluso que se retiren las plántulas de cacao del suelo: ¿Les será viable supervisar el cumplimiento de esta medida?

A pesar de que desapruebo la actividad de Tamshi S.A.C, me preocupa más construir una autoridad ambiental que tome decisiones sensatas, basadas en evidencia y que prioricen el desarrollo sostenible de la zona. Si la medida se cumple enfrentaremos el posible abandono de la plantación, que podría devenir en más actividades ilegales.

Para fortalecer el monitoreo de los bosques y prevenir casos similares, ha resultado indispensable el uso de tecnología: las imágenes satelitales de la deforestación en Tamshiyacu, difundidas por la NASA, dieron inicio a la atención de este caso. Posteriormente, el monitoreo realizado por la iniciativa MAAP de Conservación Amazónica (ACCA) permitió determinar la magnitud del daño.

 

​En línea con lo anterior, una reforma urgente es fortalecer nuestros sistemas de información ambiental. La investigación, generación de conocimiento, transparencia y acceso a la información son pilares vitales de una buena gestión. El Acuerdo de Escazú recalca la importancia de estos sistemas. El hecho de que no lo hayamos ratificado este año, no es excusa para dejar de trabajar en estos objetivos y fortalecer el acceso a la información ambiental.

Otras dos reformas pendientes exigen priorizar la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y prevenir el cambio de uso de suelo. Al referirnos a este sector, solemos pensar principalmente en recursos maderables, y nos olvidamos que lo forestal incluye también al suelo y a la fauna.

Se estima que el tráfico de fauna silvestre es la tercera actividad ilegal más significativa del mundo: solo por detrás del tráfico de drogas y de armamento. La pandemia ha evidenciado no solo el riesgo sanitario de esta actividad, sino también la falta de competitividad en centros de recuperación y rescate, incluso aquellos operados por el estado.

La investigación, por otro lado, es vital para asegurar la conservación de especies amenazadas. Al igual que el monitoreo de bosques, los censos e información de distribución de las especies de fauna están liderados por la sociedad civil. Hace falta fortalecer los programas del estado en este sentido, invertir en investigación y educación ambiental. Es alarmante que tengamos tan pocas escuelas de forestal en el país, y que no cuenten con los recursos para hacer investigación que informe políticas públicas sostenibles.

Los esfuerzos del Ministerio del Ambiente por fortalecer la competitividad de actividades forestales son muy importantes. Sin embargo, la complicada institucionalidad del sector forestal limita los aportes que se puedan hacer desde MINAM.

Para esto es importante entender que las competencias forestales están distribuidas entre algunos gobiernos regionales y el gobierno central. A nivel nacional son Serfor, Osinfor, Sernanp e incluso Produce; estos tienen competencias complementarias, pero frecuentemente presentan vacíos o superposiciones. A su vez, Serfor es una entidad adscrita a Minagri; Osinfor a la Presidencia del Consejo de Ministros, y Sernanp al MINAM.

Esta “diversidad institucional“ hace la articulación de estrategias extremadamente difícil, y el cumplimiento de una política nacional forestal coherente está sujeto a los intereses sectoriales a los que responde cada una de dichas entidades. El caso de Serfor es particularmente alarmante debido a las tensiones que existen con Agricultura sobre el uso de suelos forestales en la Amazonía. Aquí es donde entra mi primera opinión: necesitamos reconocerle valor a la integridad de los bosques. Hasta entonces, podemos tener políticas sectoriales desarticuladas pero no cambiaremos los problemas sistémicos que impiden el desarrollo y conservación de nuestros recursos forestales.