​El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara la emergencia alimentaria a nivel nacional y la campaña agrícola 2021-2022, aprobada a fines de octubre por el Congreso de la República. En ella se estipula que se debe dar continuidad a la campaña agrícola antes señalada, la misma que promueve una serie de medidas en favor de los pequeños productores, quienes deben asegurar la producción y la calidad de los cultivos para salvaguardar la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Por un lado, la campaña agrícola es de suma importancia para abastecer de alimentos a nivel nacional, resaltando el papel de la agricultura familiar, y por el otro, porque es tarea del gobierno velar por que toda persona tenga permanente acceso físico y económico con el objeto de llevar una vida activa y sana (FAO, 2021). Los pequeños agricultores, actores preponderantes que garantizan esta seguridad alimentaria, han sido fuertemente golpeados en la reducción de sus ingresos por el cambio climático y la pandemia, además del incremento de precios en insumos importados, restricciones logísticas, entre otros. Por tanto, esta atención a la campaña agrícola es de suma importancia. Lo que no queda claro es si esta ley resolverá la emergencia alimentaria de la población vulnerable (incluyendo a los pequeños agricultores) y si brindará apoyo para el funcionamiento adecuado de programas sociales como las ollas comunes, que también se encuentran bastante afectadas tras la pandemia y la recesión económica. 

Recordemos que las ollas comunes nacieron en el primer gobierno de Alan García como medida paliativa al hambre, producto de la recesión económica y de la hiperinflación que vivimos en los años 80. Y son precisamente estas ollas comunes, lideradas por madres de familia de pequeñas comunidades, las que han salvado de la inanición a miles de peruanos en esta pandemia. Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene injerencia en el programa Qali Warma y los comedores populares. Mediante la ley No. 301790 se establece que estos últimos son parte del programa de complementación alimentaria. Sin embargo, las ollas comunes son excluidas de la entrega de alimentos, ya que son reconocidas como organizaciones que asisten a las poblaciones vulnerables en medio de la emergencia sanitaria (ley 31126) pero no tienen una ley propia. Así pues, sin presupuesto asignado, las ollas comunes sobreviven gracias a la autogestión -e ingenio- de las madres de la comunidad, y también de donaciones realizadas por organizaciones sociales, ONGs o la Iglesia. Incluso muchas de estas donaciones se dan a partir de los mismos comedores populares y Qali Warma, que por su lado ya tienen sus propias necesidades. El programa Qali Warma hace una donación mensual de canastas con alimentos que son insuficientes en cantidad y calidad y que constituyen un recurso limitado para alimentar a todos los beneficiarios. Asimismo, se sabe que para tener una correcta nutrición debe incluirse vegetales, frutas y proteínas como la carne en la dieta, fuentes de vitaminas y nutrientes que estas canastas no proveen. Al no tener un buen sistema logístico, desde el acopio, el almacenamiento de alimentos ni de su distribución, los productos frescos no son una prioridad. 

La ley de emergencia a nivel nacional y la campaña agrícola 2021-2022 queda muy corta para tanto por planificar y ejecutar por el lado de la agricultura y, por el otro, de los programas sociales tales como las ollas comunes: el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (MIDAGRI) hace un monitoreo detenido a solo seis cultivos: arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua. Salvo el maíz amarillo duro (insumo de alimentos balanceados para alimentar a los pollos), los demás cultivos son para el consumo humano directo (CEPES, 2021). Sin embargo, existen otros productos, cultivados también por pequeños agricultores y ganaderos, que son de igual importancia para la dieta del peruano y que no están incluidos en la lista de los seis cultivos mencionados. Desde el lado de las ollas comunes, se carece de una ley para estas, falta infraestructura y logística de productos frescos para que estos lleguen adecuadamente a aquellas, data insuficiente e incluso se carece de registros para la toma de decisiones y, finalmente, falta de una correcta fiscalización por parte de las respectivas autoridades de los gobiernos regionales, municipalidades y entidades encargadas de la distribución de alimentos para los programas sociales. Ni los gobiernos regionales ni las municipalidades tienen capacidad de registro de los beneficiarios más necesitados. El uso de bases de datos desactualizadas del SISFOH (Cárdenas, A., 2021) y la carencia de un registro formal de ollas comunes -las que se han incrementado tras la pandemia y la recesión económica- empeoran la situación para una toma de decisiones acertada. Finalmente, hasta el momento no existen estudios de impacto que analicen los criterios de priorización de las personas beneficiarias de estas ollas comunes. Entonces, sin data ¿cómo podemos medir el impacto de la promulgación de este tipo de leyes que salvan a unos y excluyen a otros del hambre? ¿cómo se hará para conectar a la oferta (agricultores) con parte de la demanda de alimentos (programas sociales como las ollas comunes)? Existe una gran brecha entre la ley de emergencia alimentaria y cómo la van a ejecutar. Desde el lado de la agricultura familiar, el sistema de comercialización agrícola sigue siendo precario. Y desde el lado de los beneficiarios de programas sociales, tales como las ollas comunes, la elaboración de una ley que las proteja debe ser una prioridad. Asimismo, una parte, es tarea de las ollas comunes formalizarse con una cantidad mínima de beneficiarios y lograr ser registradas adecuadamente, con ayuda de los municipios, para ser beneficiarias de donaciones de alimentos. Por otra parte, es urgente también que el gobierno, mediante el MIDIS y con el apoyo de las municipalidades, organice un sistema de información, que lleve el registro de las ollas comunes y de sus beneficiarios. Finalmente, es también más que necesaria la realización de estudios de impacto que permitan identificar las zonas más vulnerables respecto de la inseguridad alimentaria para tomar medidas correctivas. 

Es tarea del gobierno asegurar el derecho de los peruanos como ciudadanos a tener alimentación suficiente, nutritiva e inocua. Luchar contra el hambre es una prioridad nacional y se necesitan intervenciones públicas transparentes, así como el reforzamiento de la articulación entre las instituciones para la búsqueda del bien común. En cuanto al MIDAGRI, este debería monitorear el rendimiento por hectárea, medir el impacto que va a tener la descapitalización de los agricultores a raíz de la pandemia y su impacto en esta campaña agrícola 2021-2022 (CEPES, 2021), así como crear leyes y una estructura de comercialización agrícola más eficientes. Y en cuanto al MIDIS, podría empezar pues por valorar a las ollas comunes, creando las estrategias adecuadas para que garantice la seguridad alimentaria de la población. El actual contexto nos obliga a pensar no solo en buenas intenciones, sino también en estrategias que abarquen soluciones concretas y eficaces, las que consideren reglamentaciones y una logística mucho más especializadas.

Referencias: 

Cárdenas, A. (2021). "Ollas comunes reciben migajas y las raciones no alcanzan". Unidad LR Data. Publicado el 27/08/2021. Disponible en: https://data.larepublica.pe/ollas-comunes-reciben-migajas-y-las-raciones-no-alcanzan/

CEPES (2021). "La pandemia y la actual campaña agrícola. Publicado el 20/04/2021. Disponible en: https://cepes.org.pe/2021/04/20/la-pandemia-y-la-actual-campana-agricola/

FAO (2021). Programa Especial para la seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica. Conceptos básicos. Disponible en: https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/. Revisado el 02/11/2021