El anteproyecto del Código de Trabajo y las recientes normas laborales como la ley que prohíbe la tercerización en actividades nucleares de las empresas y el aumento del sueldo mínimo, conseguirán otorgar "más derechos, pero para menos trabajadores", pues "crean todos los incentivos para ser informal", según explicó Jorge Toyama, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.
Sostuvo que el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo presentado por el Ejecutivo "es un intento de cambio de leyes laborales de enorme magnitud, la reforma más radical que ha tenido el Perú en su historia en materia laboral", pero dista mucho de lo que requiere el mercado laboral peruano.
Toyama reconoce que es necesario cambiar las leyes actuales, porque hay "viejos problemas laborales" aún por resolver, que básicamente son tres: informalidad, subempleo y desempleo. Sin embargo, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo los pasa por alto, pese a que se han agravado como consecuencia de la pandemia.
Solo basta con ver las cifras: "En pandemia la informalidad laboral se ha elevado al 78 %; casi el 45 % de peruanos gana por debajo de la canasta básica familiar, y se ha duplicado el desempleo, afectando a más de un millón de peruanos".
Como dice el laboralista, esta iniciativa del Gobierno no afronta estos tres problemas centrales y urgentes del país. "Ninguna de las normas de este anteproyecto sirve para reducir la informalidad, combatir el desempleo y mejorar los sueldos, sino todo lo contrario, lamentablemente".
Entonces, ¿dónde pone el foco la propuesta de nuevo Código de Trabajo? Así lo explica Toyama: "lo único que hace es dar más derechos a los trabajadores formales"; es decir, "lo que busca es regular a la gran empresa formal del país, que es solo el 9 % de la PEA". La gran mayoría de peruanos –recalca el laboralista– "es informal, no tiene seguro o trabaja en microempresas de subsistencia", realidad que no es abordada con medidas específicas por el anteproyecto del Gobierno.
Ley de tercerización y aumento del sueldo mínimo
Otro punto que mereció el análisis de Toyama es la ley que prohíbe la tercerización en actividades nucleares de las empresas. Con este nuevo marco legal, ejemplificó el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, "una empresa maderera ya no podrá tercerizar en las comunidades la tala de árboles o un colegio privado tampoco podrá contratar a un instituto de inglés para la enseñanza de sus alumnos", precisó.
Para él, está claro el impacto de esta ley: "afecta la libertad de empresas, la libertad de contratación y, sobre todo, la productividad". A partir del 22 de agosto, las empresas estarán prohibidas de tener a terceros realizando actividades nucleares: deberán ingresarlos a la planilla. Toyama afirma que esta situación "va a generar más informalidad y despidos, y al final las empresas serán menos eficientes".
Su análisis también augura esas mismas consecuencias respecto al aumento del sueldo mínimo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que esta medida se debata previamente entre los sindicatos y empresas. ¿Se llevó a cabo este diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo? El abogado laboralista dice que no, así como tampoco se recurrió a estudios técnicos. Por eso, ni siquiera se reparó que "en la microempresa el sueldo promedio es menor al mínimo actual".
No hay incentivos para la formalidad
En este escenario de nuevas normas laborales, las más perjudicadas son las micro, pequeñas y medianas empresas. Para el 7 % u 8 % de trabajadores que están en planilla de las MYPE "va ser un golpe muy duro", dice Toyama, pues "no hay ningún beneficio recientemente creado para ser formal en el país".
Agrega que esta incertidumbre también impacta en la sensibilidad del sector empresarial. El profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico cuenta que conoce varias empresas que están dudando de invertir en el Perú, a tal punto que están evaluando cambiar sus sedes a otros países de la región.
Finalmente, Toyama recomienda poner foco en la creación de incentivos para la formalización y la protección social (salud y pensiones) como puntos claves para alcanzar el desarrollo del país. Para ello, no solo es necesario realizar cambios a nivel de las empresas, sino también a nivel de los propios trabajadores sobre su visión cultural respecto de estos dos temas.