​Todos los 28 de junio, desde más de 50 años, se lleva a cabo la marcha del "Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+" en distintas partes del planeta, en conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, que consistieron en las primeras manifestaciones en las que la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Trans Intersexuales, Queer y otras identidades no incluidas en las anteriores) exigió respeto e igualdad para la diversidad sexual.

No obstante, cuando se hace referencia al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en lo que mayormente se piensa es en hombres y mujeres homosexuales y cisgénero, es decir, personas cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer, lo cual – dentro de la comunidad – representa un privilegio frente a otros grupos, como el de personas trans, quienes a la fecha carecen del derecho fundamental de tener una identidad reconocida por el Estado.

De acuerdo a Carolina Neyra, egresada de Derecho de la Universidad del Pacífico (UP), asistente de Investigación de su Centro de Investigación (CIUP) y coautora de Trans*legalidades: Estudio preliminar de expedientes sobre reconocimiento de las identidades trans* en el Perú, esta situación se convierte en un factor de violencia, ya que al no contar con un documento de identidad acorde con su identidad de género les impide acceder y ejercer plenamente su derecho a la educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social y otros, solo por el hecho de tener una identidad de género no normativa.   

"Por ello, resulta de suma urgencia contar con una Ley de Identidad de Género que permita su reconocimiento a través de una vía administrativa, célere, confidencial, gratuita y, sobre todo, basada en la autodeterminación de cada persona. Esta ley, sin embargo, debe implementarse de la mano con una política educativa que apueste por el respeto hacia la diversidad en todos los sectores", enfatizó Neyra.

Cabe precisar que el dictamen de la Ley de Identidad de Género fue aprobada por la Comisión de Mujer y Familia del Congreso el 29 de marzo del presente, tras cuatro años de espera y pasará a ser debatida en el Pleno del Congreso, aunque no existe una fecha determinada.

Por otro lado, Neyra precisó que debe reconocerse que no existe una sola agenda LGBTIQ+, ya que existen brechas en el acceso a otros derechos básicos. "A puertas de cumplir el bicentenario, el Perú -desafortunadamente- aún mantiene una larga lista de deudas pendientes con cada una de las personas LGBTIQ+ del país. Una de ellas es precisamente la ley de identidad de género. Sin embargo, existen otras como el acceso a servicios de salud de calidad que respondan a las necesidades particulares de las personas LGBTIQ+, la inclusión de una cuota laboral para las personas trans, la lucha contra el bullying homo-transfóbico en las escuelas, la prohibición de las mal llamadas "terapias de conversión", entre otras. Para alcanzar estas reformas resulta clave que el Perú incluya a las personas LGBTIQ+ en estos procesos y que, además, diseñe e implemente un sistema de recopilación y producción estadística sobre la situación en la que viven", precisó.

Asimismo, remarcó que no solo desde las instituciones públicas se puede construir un país más inclusivo y seguro para las personas LGBTIQ+. En su opinión, las universidad públicas y privadas también juegan un rol importante en la creación de espacios comprometidos con la diversidad.

Las iniciativas progresistas, las grandes perdedoras

Tras las últimas elecciones generales, el nuevo Congreso del Perú se caracterizará por su fragmentación y conservadurismo, ya que tanto los partidos políticos de izquierda y derecha, aunque discrepan en el ámbito económico, coinciden en este aspecto en lo moral y social.

De acuerdo a Paula Muñoz, profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la UP, estas elecciones han dejado dos perdedores: el centro político, ya que es un espacio que ha perdido representación congresal, y un sector de la población socialmente progresista. En este sentido precisó que las agrupaciones que plantearon abiertamente ideas en pro de los derechos de poblaciones vulnerables como la población LGBTIQ+, y mujeres y tuvieron posturas progresistas en estos temas, alcanzaron en total 8 escaños (3 del Partido Morado y 5 de Juntos por el Perú).

En este sentido, destacó que no solo se trata de la pérdida de votos de las propuestas progresistas, sino que hay que considerar que un sector crecientemente conservador en lo social ha ganado representación en el Congreso, haciéndose de un capital político que puede bloquear cualquier tipo de propuesta progresista, que de por sí sería difícil impulsar, dada la minoría del grupo que podría liderarla.

"En es este contexto, va a ser difícil que las propuestas progresistas tengan éxito en el Congreso. Esto no quiere decir que no puedan avanzar en la defensa de derechos, pero tendrían que tomar otras vías, como ha sucedido en otros países. Como, primero, ganar la opinión pública, que también es difícil y complicado, peor hay avances que se pueden hacer al respecto, y segundo, seguir intentando en paralelo por la vía judicial, que sabemos que es otra estrategia que se lleva a cabo desde hace algunos años", concluyó Muñoz.