​Va a ser la sexta vez que vamos a votar por autoridades regionales desde el inicio del último intento por descentralizar nuestro país. En el caso de las municipalidades, las elecciones tienen mayor tiempo, pero lo que ha marcado este proceso es la aparición de los gobiernos regionales. Este nivel intermedio de gobierno debe ser una bisagra entre el nivel nacional y el local y jugar un papel articulador. Lamentablemente no ha sucedido nada de ello. Es más, podemos decir que no existen regiones hasta el momento dado que estas se formarían a partir de la unión de dos o más departamentos. 

Los problemas de ineficiencia, falta de capacidad de los funcionarios y corrupción que han aparecido en los últimos años han añadido elementos que han creado una corriente en contra de la descentralización, echando la culpa a este proceso de buena parte de los problemas del país. Ello es un análisis simplista dado que existen otros factores que contribuyen a la situación actual. Sin embargo, nada está labrado en piedra y siempre existe la posibilidad de mejoras. Eso es algo que algunos gobiernos no entendieron dado que creyeron que el proceso terminaba con la transferencia de competencias y no había nada que supervisar. 

En las actuales circunstancias esa es una de las tareas que hay que recuperar: La de supervisión, monitoreo y establecimiento de sanciones si no se cumplen ciertos compromisos. Con las sanciones hay que tener cuidado debido a que los ciudadanos no deben ser los que asuman los costos si es que surge una sanción. Esto nos lleva a un tema que se deja de lado muchas veces: que la justificación de la descentralización es acercar el Estado al ciudadano. Es un medio y no un fin. Bajo esa perspectiva, debemos evaluar el proceso de descentralización. No sabemos a ciencia cierta si se ha logrado mejorar los niveles de vida de la población a través de la descentralización y si los recursos se usan eficientemente. Un poco de competencia no haría daño a los gobiernos subnacionales en el sentido de si un nivel de gobierno no puede cumplir su rol sea reemplazado por otra entidad del mismo nivel o un nivel superior. 

La falta de cultura de evaluación que existe en nuestro país nos pasa factura en muchos aspectos, especialmente en la descentralización. Hablamos de una evaluación desde el mapeo y análisis de data dura que nos permita identificar qué se ha hecho bien (algo habrá) y en dónde debemos mejorar. A su vez, este ejercicio nos permitirá establecer una priorización y una agenda de reformas al proceso. 

Por ello, desde la Universidad del Pacífico hemos planteado un conjunto de recomendaciones de política pública en aspectos muy diversos para la mejora del proceso de descentralización. Esto, desde una perspectiva en la que se ve que los países están cada vez más descentralizados a nivel político, administrativo y fiscal. Es una tendencia mundial en la medida que aumentan los niveles de educación y de ingreso. Por ello, debemos encauzar el proceso para que responda a las expectativas de los ciudadanos. Ir en contra de ello sería suicida en nuestro país. Sería como echar combustible sobre una llama ya ardiendo. 

Por ejemplo, en el Perú, el canon genera una fuerte desigualdad fiscal en el sentido que algunos distritos reciben mucho dinero y otros ningún recurso. Por otro lado, los gobiernos regionales no han sido capaces de generar una diversificación productiva que permita darles una mayor sostenibilidad a los territorios y que está ligado a la promoción de exportaciones a nivel regional. El caso de la inversión pública subnacional (con bajos ratios de ejecución y calidad del gasto no evaluada) urge plantear medidas como, por ejemplo, la tercerización. Las políticas anticorrupción cobran mayor vigencia en el contexto actual y deben fortalecerse. 

Por otro lado, la descentralización implica la administración de ciudades que son cada vez más complejas y en donde el tema del servicio de transporte de carga o el recojo y disposición de residuos sólidos son claves por temas de salubridad y de congestión. La problemática es muy compleja y requiere soluciones creativas o replicar prácticas experiencias de otros países. La urgencia nos debe llevar a actuar de inmediato y existen espacios de mejora que podemos aprovechar de manera inmediata. La academia debe cumplir con su rol de aportar con soluciones concretas y basadas en evidencia. El esfuerzo de Agenda 2022​ va en ese sentido.