La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe - CPAL, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, y la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL, uniendo nuestras voces a la de los Obispos de Nicaragua y a otros muchos actores sociales, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que manifieste con firmeza su rechazo a la manera como el gobierno de Nicaragua, a través de sus cuerpos de seguridad, viene irrespetando los derechos civiles consagrados en la constitución nacional:

• reprimiendo las manifestaciones de protesta pacífica

• provocando a las personas y grupos de la oposición para justificar su propia violencia,

• impidiendo los derechos de libertad religiosa y de reunión,

• apresando y desapareciendo militantes de la oposición,

• acusando a sus opositores de delitos no cometidos,

• impidiendo labores humanitarias y actos de desobediencia civil pacífica,

• acusando falsa y calumniosamente autoridades de la Iglesia católica, entre otros.

Declaramos nuestra especial solidaridad con el P. Edwin Román y con todas las madres de familia que ayunan en Masaya para pedir que sus hijos encarcelados sean liberados, así como con los 13 activistas detenidos recientemente por llevarles agua para paliar su huelga de hambre. Condenamos la toma de la Catedral de Managua y las agresiones en contra del Pbro. Rodolfo López y Sor Arelys Guzmán, así como el asedio en contra de ​diversas Parroquias.

Condenamos la provocación de los grupos antimotines del gobierno a los estudiantes de la Universidad Centroamericana - UCA, que, una vez más, ayer 19 de noviembre de 2019, sufrieron su asedio en las instalaciones de la Universidad Centroamericana en Managua. Rechazamos y condenamos el intento de estos grupos, controlados por el gobierno, de violar el campus de la Universidad.

Solicitamos al señor Daniel Ortega que ordene inmediatamente el cese de los hostigamientos, agresión y violación de los derechos humanos y civiles de los miembros de la oposición, y exhortamos a todos los responsables de esos asedios para que depongan su postura. “Es demasiado el dolor que han sufrido los nicaragüenses. Las familias que se encuentran asediadas cargan con un doble sufrimiento; la falta de libertad de sus familiares encarcelados y, ahora, el estado de sitio que atenta contra sus vidas” (comunicado de la Conferencia Episcopal).

A la COMUNIDAD INTERNACIONAL en las organizaciones humanitarias, religiosas y humanitarias, organismos internacionales, gobiernos democráticos del mundo y, particularmente de Europa y de América, les pedimos ejercer sus mejores oficios para garantizar el retorno de Nicaragua al sistema democrático mediante:

- La exigencia pública del respeto inmediato a los derechos civiles consagrados en la constitución nacional nicaragüense: libertad de culto, libertad de movilización, libertad de protesta pacífica, libertad de organización política, libertad de prensa e información, libertad de investigación y enseñanza;

- la condena internacional pública de los métodos de represión que han dado como resultado más de 300 personas asesinadas, más de 2,000 nicaragüenses heridos y más de 700 presos políticos, de los cuales más de 150 continúan en prisión; 

- la activación de la Carta Democrática Interamericana (OEA) para prevenir un desangre mayor entre el pueblo nicaragüense cansado de tanta opresión, miseria y manipulación por parte del régimen, así como para prevenir la intervención de potencias extranjeras que quieran beneficiarse en este momento de gravísima crisis política.

​

Enviamos un saludo especial y nuestra solidaridad a todas las víctimas de la violencia en Nicaragua. Les aseguramos nuestro apoyo fraterno y nuestra disposición a seguir luchando

por una sociedad más justa y democrática.

Imploramos la bendición de Dios sobre todos, para que sepamos ser agentes de reconciliación en la justicia y la verdad.