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Los retos del sistema pensionario: empleo, informalidad y brecha de género
26 de agosto de 2021

Los diferentes impactos negativos en la economía generados por la pandemia de la COVID – 19 han hecho eco en el sistema pensionario, contribuyendo – entre otros factores - a la caída de un 15% del valor de la cartera de fondos administrada en el sistema privado de pensiones. En esta línea, María Amparo Cruz Saco, Investigadora Asociada del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, analiza los retos y características del sistema pensionario peruano.

El impacto negativo que han sufrido los sistemas de pensiones ha sido un fenómeno global ya que, debido a la pandemia generada por la COVID-19, el mercado laboral se contrajo y, consecuentemente, se redujeron las contribuciones a los diversos sistemas de seguridad social y pensionarios.

De acuerdo a María Amparo Cruz Saco, Investigadora Asociada del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), el impacto fue mayor en los sistemas de capitalización individual, cuyos índices de contribución se redujeron y que, en muchos casos, permitieron retiros de los fondos de ahorro previsional individuales. La retracción en la cobertura fue mayor entre los trabajadores del sector servicios como hotelería, restaurantes y entretenimiento, y entre aquellos trabajadores que enfrentaron barreras para trabajar de forma remota.

"La reducción en los índices de cotización y los retiros de la capitalización individual afectan negativamente el valor de las pensiones futuras. En el Perú, en adición a estos impactos, se ha elevado el empleo no registrado o informal que no contribuye. Ello coloca a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad cuando alcancen la edad del retiro que sólo podría mitigarse con pensiones sociales", sostuvo la investigadora.

En Perú, en junio de 2021, el valor del fondo de pensiones, la cartera administrada por cuatro AFP, alcanzó los 41 mil millones de dólares, la cifra más baja desde 2017. El pico se alcanzó en diciembre de 2019, 53 mil millones de dólares.

"El valor actual de la cartera administrada ha caído en un 15% y es similar al valor promedio de hace cinco años, en 2016. La caída del valor del fondo se debe al retiro del 95.5% al momento de jubilación y a los retiros autorizados antes y después de la pandemia. La cartera administrada por las AFP ha continuado descendiendo desde junio de 2021 por la liberación de tramos adicionales de retiro permitidos hasta la tercera semana de agosto 2021. Como proporción del PBI, el valor de la cartera se mantuvo relativamente constante debido a la caída del PBI por el choque de la pandemia. Es decir, cayeron al mismo tiempo la cartera administrada y el PBI", resaltó.

En este sentido, señaló que la recuperación de la cotización depende de varios factores como la recuperación económica y la recuperación del empleo registrado, el crecimiento de la afiliación, la elevación de la tasa de cotización, la tasa de capitalización del fondo y que no se permitan retiros adicionales. Con la recuperación económica durante lo que va del presente año, el ritmo de afiliación se ha elevado recientemente. Al mismo tiempo, la tasa de cotización se ha recuperado, pero aún se encuentra por debajo del promedio antes de la COVID-19", precisó.

Asimismo, en su opinión, señaló que uno de los principales retos para los sistemas de pensiones es la elevación de los puestos de trabajo productivos que cuenten con seguridad social, lo que se vincula a la demanda de inversión.

Para la investigadora, un segundo reto es la generación de mecanismos de ahorro previsional para los trabajadores informales, para lo cual debe considerarse un enfoque que permita mecanismos de ahorro previsional distintos en ámbitos rurales y urbanos reconociendo las necesidades y expectativas específicas de grupos de trabajadores. Además, precisó que debe implementarse una política pública que intervenga por medio de pensiones sociales a fin de reducir la vulnerabilidad de las personas mayores. Por último, debe reconocerse que la protección social debe incluir además una adecuada vivienda con servicios públicos, acceso a servicios de salud suficientes, alimentación y el cuidado para personas mayores con enfermedades crónicas o postradas. Por ello, sería un error pensar que el programa Pensión 65 (P65) es suficiente.

De otro lado, el tercer reto es cerrar la brecha de ingresos entre varones y mujeres que se manifiesta en el mercado laboral y persiste durante el retiro.

"Eliminar la inequidad de género en pensiones requiere urgentes acciones afirmativas para alcanzar mayor equidad a todo nivel, familiar, institucional y laboral. La meta de cobertura previsional universal y equidad de género deben ir de la mano en la agenda de cambio", acotó.

Jubilación y brechas de género

María Amparo Cruz Saco explicó que, en el sistema privado de pensiones, históricamente, dos terceras partes de los aportantes son hombres y una tercera parte son mujeres. En cifras, en 2020, de los 3.5 millones de trabajadores del sector privado registrados en la Planilla Electrónica, 2.2 millones fueron hombres y 1.2 millones mujeres. No obstante, aclara que en el sector público la relación es más equitativa, ya que de los 1.5 millones de trabajadores registrados, el 55% son varones y el 45% mujeres.

En esta línea, remarcó que la brecha de ingresos de género durante la vida activa se traslada a la brecha de pensiones en la jubilación. Esta brecha se eleva debido a la menor tasa de cotización de las mujeres y sus salidas del mercado laboral por múltiples razones asociadas, principalmente, a labores de cuidado en el hogar. Asimismo, es influida por la actividad económica que realiza el trabajador o trabajadora.

"Es de notar que P65 otorga el beneficio de 250 soles bimensuales a varones y a mujeres de 65 años y más (65+), mismo valor de la pensión. Como las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, el Estado termina pagando un valor presente mayor a las mujeres. En este sentido, P65 tiene un sesgo de género a favor de la mujer", destacó.

Pensión universal

P65 invierte en la actualidad aproximadamente 910 millones de soles en 556 mil beneficiarios, personas de 65+ años en extrema pobreza. A fin de cubrir alrededor de un millón de personas de 65+ años, quienes en la actualidad ni tienen una pensión contributiva ni son beneficiarias de P65, el programa tendría que incrementar su presupuesto en 1,500 millones de soles, estima la investigadora.

"En total, otorgar una pensión social a todas las personas de 65+ años que no tienen pensión contributiva implicaría un gasto de alrededor 2,410 millones de soles (aproximadamente el 0.3% del PBI). Ello con la misma pensión bimensual de 250 soles que ha permanecido igual desde su creación en el 2012. Para fines comparativos, el Estado acaba de aprobar el subsidio monetario por 350 soles para un estimado cercano a 13 millones de personas elegibles (Decreto Urgencia 080-2021). El costo de este subsidio se estima en 5,143 millones de soles. En consecuencia, expandir la cobertura de P65 a las personas mayores que no tienen ningún tipo de pensión costaría alrededor de la mitad del presupuesto de subsidio monetario", finalizó.

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Economía economía peruana Finanzas sistema previsional

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