Dentro del plan de gobierno, presentado por Perú libre en las últimas elecciones, se suscribían propuestas en torno al sector minero, como la nacionalización de empresas de en sectores estratégicos, incluso las operaciones de los principales yacimientos mineros del país, la renegociación de contratos de concesión, la inversión de la proporción de ganancias a favor del Estado, entre otros. Posteriormente, previo a la segunda vuelta electoral, el discurso fue moderado y se materializó con la presentación del Plan Bicentenario, que finalmente, es el que marcaría la hoja de ruta del Gobierno, donde se sostienen propuestas más relacionadas con la modificación y/o incremento de impuestos al sector, eliminación de exoneraciones tributarias, creación de regalías y la renegociación de contratos de estabilidad tributaria de las grandes empresas, a fin de asegurar una sostenibilidad fiscal y mejorar la presión tributaria de manera inmediata. No obstante, frente a la actual incertidumbre política, la dudas y suspicacias persisten, lo que se refleja en la falta de confianza del empresariado.
En cuanto al posible el impacto de la incertidumbre política pueda tener sobre el sector minero, Germán Alarco, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), reafirmó que las propuestas sobre estatizaciones y/o nacionalizaciones han sido descartadas para este Gobierno, tanto por el presidente Castillo, como por el Ministro de Economía, Pedro Francke. Asimismo, descartó que la incertidumbre política afecte a los proyectos mineros, ya que son de larga maduración, que se activan cuando el horizonte esperado de los precios internacionales es positivo, como en estos momentos.
"Obviamente, todos los proyectos no solo deben tener licencia social, sino que deben incorporar responsabilidad social y además producir más con valor agregado. Asimismo, tenemos entendido que el titular del Ministerio de Energía y Minas se está reuniendo con los empresarios manifestándole lo mismo. Es obvio que el gobierno intentará mejorar las contribuciones fiscales, pero no hay que olvidar que las empresas están obteniendo utilidades extraordinarias", señaló.
En opinión de Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública (EGP) de la UP, la incertidumbre política afecta directamente el nivel de inversión. "En el caso de las inversiones mineras se cuenta con una cartera de inversión que supera los US$ 50 mil millones, entre ampliaciones y nuevos proyectos, lo que hace que los efectos de las decisiones del sector impacten fuertemente en el crecimiento de los siguientes años. Más aún, considerando las propuestas que se han barajado a nivel político en torno a la actividad minera, es altamente probable que la inversión en el sector sufra una contracción fuerte respecto a lo estimado", refirió.
Sobre la viabilidad de las propuestas presentadas en el plan de gobierno de Perú Libre, Alarco reiteró que estas fueron descartadas por el Gobierno. No obstante, señaló que existen casos exitosos de empresas nacionales que operan dentro y fuera de su territorio. "Aunque no es el caso, en Chile la mitad de la producción del cobre está en manos de una empresa estatal como CODELCO. O gran parte de la producción de petróleo en Colombia está en manos de ECOPETROL. Hay muchas experiencias exitosas con empresas estatales. Las empresas chinas que operan los hidrocarburos en el Perú son estatales. Nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es operado por un consorcio liderado por Fraport AG, empresa 50%: Estado Federado Alemán de Hesse y Ciudad de Frankfurt. Hay que dejar los temas ideológicos aparte", remarcó.
Asimismo, precisó que, en cuanto a lo señalado para el caso del gas natural, la intención es de incrementar el consumo interno, en reemplazo de la importación de derivados de hidrocarburos líquidos, lo que podría significar un ahorro para las familias y empresas de entre el 1% y el 2% del PBI, ya que el costo por unidad de energía de gas natural es entre la mitad y un tercio de los derivados del petróleo.
Por su parte, Huanqui resaltó que los efectos negativos de la nacionalización de las empresas mineras serían enormes y muy perjudiciales para el país, ya que en la actualidad las empresas mineras son una de las más productivas. En este sentido, manifestó que se ha visto como en otros países la nacionalización de las empresas ha llevado a fuertes pérdidas de la eficiencia y de la producción.
"Tomando en cuenta que el sector minero hoy en día representa más del 10% de la producción total y cerca del 20% de los ingresos del Estado, el impacto de una posible nacionalización podría ser muy negativo para el país. Más aún, considerando la magnitud de la inversión minera en cartera (de más de $50 mil millones), es muy poco probable que el Estado tenga la capacidad de expandir la actividad minera. Sería como matar a la gallina de los huevos de oro. La revisión o renegociación de los contratos con las empresas mineras es más viable, pero el mecanismo no puede ser unilateral, o a manera de ultimátum. Al Gobierno actual le interesa que las renegociaciones respondan al incremento de los precios de los minerales, pero hay que considerar que las empresas mineras pagan cerca del 50% de sus utilidades entre Impuesto a la Renta, regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen minero, lo que nos vuelve el país donde la empresa minera paga más impuestos en comparación con otros países", explicó la profesora de la EGP.
Pago de deudas tributarias: ¿estrategia financiera o salvaguarda?
En la última semana las empresas mineras Cerro Verde y Buenaventura han pagado sus deudas ante la Super Intendencia de Aduanas y de Administración Tribuaria (SUNAT), que ascendían a alrededor de S/ 3 mil millones entre ambas, lo que ha generado curiosidad en cuanto a la intensión tras el repentino pago.
Según detalló Germán Alarco, ambos casos se tratan de adeudos judicializados entre 2009 y 2013, en los cuales el Tribunal Fiscal había fallado a favor de la SUNAT, por lo que celebró el pago luego de más de 10 años. No obstante, precisó que Roque Benavides presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, señaló a Bloomberg que esperan ganar el litigio y recuperar, así, el pago realizado a la SUNAT. "A propósito, no estaría mal vincular las concesiones al pago de las contribuciones al Estado; ahora no está vinculado", enfatizó.
Para Silvana Huanqui, el pago podría responder a una estrategia financiera aprovechando la apreciación del dólar, que beneficia a las empresas mineras que, como exportadoras, tienen la mayor parte de sus ingresos en esta moneda, mientras que las deudas con la SUNAT se mantienen en soles. En este sentido, precisó que, aunque este pago no pone fin a la controversia, le da a la empresa un escenario negativo mucho menos costoso.
"Por otro lado, la decisión también puede responder a la necesidad de otorgar señales positivas por parte del sector minero para con el Estado, tomando en cuenta la necesidad de recursos adicionales para afrontar la pandemia y la recuperación económica", sostuvo.