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La cartera de proyectos de inversión minera en el Perú alcanza los US$ 56,000 millones. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran demorados o detenidos por conflictos sociales. De forma similar, en la última década, diversos proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno o el sector privado han quedado entrampados o han sido cancelados por falta de viabilidad ambiental y social: la Hidrovía Amazónica; el Terminal Portuario de Paracas; la Línea de Transmisión 220Kv Moyobamba-Iquitos; la construcción y mejoramiento de la carretera Nor-Oriental Iquitos-Saramiriza; o el ferrocarril Yurimaguas-Iquitos.

La evaluación de impacto ambiental nació en 1969 en los Estados Unidos, desde donde se expandió rápidamente por el mundo. Fue incluida en nuestra legislación recién en 1990 y desde entonces se ha convertido en un proceso y herramienta ineludible. Hoy, no solo constituye el permiso más importante para desarrollar un proyecto de inversión, sino también​ se ha convertido en un estándar internacional y de derechos humanos. Si bien ha habido avances importantes en la gestión ambiental, la evaluación de impacto ambiental se encuentra en crisis y se requieren reformas urgentes.