Por Silvana Huanqui, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

 

Recientemente ha llamado la atención la aprobación del reglamento del Decreto Legislativo 1434 que establece que las empresas del sistema financiero suministren a la SUNAT información sobre algunas operaciones pasivas de dichas empresas con sus clientes. La atención se viene concentrando en la constitucionalidad de la norma lejos de atender la real necesidad de informar sobre la motivación y orientación de la misma.

 

La norma recientemente aprobada es parte de un largo proceso de adopción de prácticas internacionales que buscan reducir los niveles de evasión fiscal. Los antecedentes se sientan en el crecimiento de la globalización, el cual ha traido consigo nuevas e innovadoras estrategias para la movilización de recursos entre países con el objetivo de eludir y evadir el pago de impuestos. Esta necesidad de contar con información completa por parte de las administraciones tributarias, ha obligado a desarrollar un movimiento multilateral que fortalezca la cooperación entre países para compartir información de esta naturaleza. Por ello en el 2000, la OCDE crea el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria buscando la adopción y promoción de normas y prácticas internacionales para erradicar la evasión fiscal.

 

El Perú se hizo miembro de este Foro en el 2014. Actualmente más de 160 países forman parte, incluidos casi todos los países de la región a excepción de Venezuela y Bolivia. Entre las diversas herramientas, el foro promueve la adopción de un Estándar Común de Reporte (CRS por sus iglas en inglés) que es un modelo adoptado el 2014 de intercambio automático de información financiera entre países, que permite que las administraciones tributarias de los diversos países verifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y en donde se incluyen procedimientos para informar a las administraciones tributarias sobre las cuentas financieras y compartir la información con el país de residencia del titular de las cuentas. Diversos países de la OCDE han firmado este acuerdo, e incluso países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Algunos países como Ecuador y Perú no contaban con un marco legal que permita su implementación.