Desde principios de los años 90, el país creó organismos reguladores en los servicios públicos tradicionales como Ositrán (infraestructura de transporte), Sunass (agua potable ysaneamiento), Osiptel (telecomunicaciones) y Osinergmin (energía, gas e hidrocarburos). Sin embargo, en los últimos años se han celebrado diversos contratos de concesión en varios sectores de nuestra economía diferentes a los tradicionales. 

Por ejemplo, hace poco se ha firmado una asociación público-privada (APP) en la modalidad de contrato de gerencia para que un concesionario privado (Gestora Peruana de Hospitales) gestione los servicios del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Este consorcio ofertó S/.31,8 millones (36% menos que el valor referencial) por mantener y operar por 10 años el instituto. En este caso el supervisor del contrato es otra empresa privada designada por el Ministerio de Salud (Minsa), que estará encargada de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario. En el sector Salud no existe un regulador sino una pequeña oficina que hace sus veces en el Minsa. 

Por otro lado, en mayo del2014se otorgó mediante una APP el contrato de concesión del teleférico de Kuélap a un concesionario franco-peruano para diseñar, financiar, construir, operar y mantener la infraestructura durante 20 años. En este caso el concedente es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 

Aquí también se contratará una empresa supervisora para vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato. En el caso de los teleféricos no existe regulador sino una oficina en el propio Mincetur. En junio del 2014, un consorcio privado, Prisontec, fue declarado ganador de una licitación para colocar bloqueadores en 33 penales y mantenerlos operativos durante 20 años. En este caso el concedente es el Ministerio de Justicia y se contratará otro supervisor privado. Aquí también se creará una oficina para los mismos fines. 

También tenemos casos de falta de reguladores en los gobiernos regionales y municipalidades. Tal es el caso del proyecto de transvase de Olmos, donde el concedente es el Gobierno Regional de Lambayeque y el supervisor del contrato es el Proyecto Especial Olmos-Tinajones con nula experiencia regulatoria. Por último, en el proyecto Vía Parque Rímac el concedente es la Municipalidad Metropolitana de Lima y el supervisor del contrato es el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). 

En resumen, las APP han incursionado en sectores donde no existe experiencia regulatoria. ¿No sería mejor armonizar las políticas regulatorias en un solo ministerio, digamos el de Economía y Finanzas, en vez de que cada ministerio tenga una oficina? Así se ahorrarían costos y se definiría una única política regulatoria transversal a todos los sectores. 

¿Qué pasará cuando se requieran adendas a los contratos? El supervisor designado no tiene las facultades para hacerse de ese encargo, pues esa es una atribución del concedente. Se requiere entonces una solución a este problema que hoy no se siente, pero que en el mediano plazo puede perjudicar el equilibrio que debe existir entre un concesionario privado y un regulador fuerte y capacitado. Es momento de tomar una decisión para que estas nuevas APP generen los beneficios esperados.