En la Semana de la Evidencia 2021, el Centro de Investigación y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico presentaron un estudio sobre los factores y perfiles demográficos en torno al rechazo a la vacuna. Asimismo, compartieron los hallazgos de un análisis de impacto de las intervenciones tempranas ante desastres naturales, con aportes pioneros y valiosos.

Los jóvenes, las mujeres y los sectores de bajo nivel socioeconómico son los más reticentes a vacunarse contra el COVID-19 en el Perú. Así lo demostró una encuesta que investigadores del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) aplicaron a 2000 peruanos y 1000 migrantes venezolanos en julio del presente año, cuyos resultados se presentaron en la Semana de la Evidencia 2021.

En el evento, Paula Muñoz ―coautora del estudio junto con Matthew Bird, Feline Freier y Samuel Arispe― destacó que el grupo de entre 18 y 30 es el que expresó más rechazo a la vacuna. ¿Cuáles son las razones? Una menor percepción de riesgo de contraer el COVID-19, una menor preocupación por los efectos secundarios y mayores creencias en la conspiración, tal como se lee en la propuesta de política pública basada en la referida encuesta.

Según ese mismo documento, los sectores pobres son más reticentes porque siguen poco las medidas sugeridas por el Gobierno, perciben menos riesgo de contagio, adoptan más creencias conspirativas y tienen una mayor percepción de no efectividad de la vacuna, entre otras razones. En tanto, la aversión de las mujeres está vinculada a la preocupación, no sustentada con evidencia científica, de que la vacuna afectaría al sistema reproductivo a futuro.

“La reticencia ha ido cambiando en el tiempo. Sin embargo, lo que detectamos en julio aún persiste, que es la reticencia en grupos etarios específicos ―advirtió Matthew Bird, uno de los coautores―. Los jóvenes todavía hoy en día son más reticentes frente a los de mayor edad. También lo vemos con los niveles socioeconómicos. El patrón sigue: no ha variado tanto desafortunadamente”.

En términos generales, Muñoz reveló que los más reacios a recibir la vacuna creen estar en menor riesgo al COVID-19 porque se sienten protegidos por sus creencias religiosas, porque se perciben como más saludables y fuertes, porque no son adultos mayores (en el caso de los jóvenes) o porque no salen mucho de casa. Las preocupaciones por las vacunas también añadieron más factores en contra: la idea de que las vacunas no son efectivas, no han pasado por suficientes pruebas, alteran el ADN, inoculan chips de rastreo y son parte de un programa mundial de conspiración.

La encuesta también indagó sobre las preferencias de quienes optan por la vacunación. Reveló que existe una preferencia por recibir la vacuna por parte del sector público, sin ningún incentivo de pago para hacerlo. En ese sentido, recibir montos entre 20 y 50 soles causaría un mayor rechazo a recibir la vacuna.

En cuanto a la marca de preferencia para la vacuna, existe una mayor predilección Pfizer (EE. UU.), seguido por Johnson & Johnson (EE. UU.), Sputnik (Rusia), Oxford AstraZeneca (Reino Unido) y con menos preferencia para Sinopharm (China). De hecho, los encuestados presentaron un mayor rechazo a la vacunación cuando se les otorga esta última opción de vacuna. Asimismo, frente al número de dosis, hay preferencia para más de una dosis de vacuna, lo que sugiere una predisposición a recibir una dosis de refuerzo.

Acelerar la vacunación implica plantear acciones que apunten a resolver estas percepciones, enfocadas en los perfiles de los grupos reticentes. Con esta motivación, Muñoz y Bird detallaron una serie de recomendaciones que parten del lineamiento general: “poblaciones específicas, medidas específicas.” Es decir, para revertir el rechazo a la vacunación es clave apuntar a cada población objetivo. ¿Qué se puede hacer y cómo se puede hacer? Los detalles están en este documento.

Si vemos el proceso de vacunación como una cadena valor, la parte inicial, que incluye la gestión, compra y distribución de dosis, está funcionando con esfuerzo; sin embargo, la última parte, que busca la vacunación efectiva de los ciudadanos y la inmunidad en el país, todavía presenta desafíos, debido a que no está bajo control de los gestores públicos y requiere de incorporar evidencias como las de la encuesta para alcanzar el impacto deseado, explicó Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (EGP).

Según Ames, las políticas públicas fracasan, entre otras razones, porque no incorporan las actitudes y decisiones de los usuarios respecto al servicio público que se les ofrece. Por ello, en el caso de la vacunación, es fundamental entender cómo piensan los ciudadanos para el diseño de las estrategias.

“Tener evidencias como las de la encuesta resultan imprescindibles para diseñar estrategias de comunicación que sean más fuertes que los mitos desarrollados alrededor de la vacunación, particularmente con la vacuna de Sinopharm”, dijo Ames como comentarista de la primera conferencia del módulo “Evidencia como fundamento de mejores políticas públicas”, a cargo del Centro de Investigación y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

La segunda conferencia abordó el estudio sobre intervenciones tempranas ante desastres naturales en el Perú, elaborado por Julio Aguirre y Daniel De La Torre Ugarte, junto con sus colegas Paulo Quequezana y Mauricio Collado, y el asesor científico del Centro del Clima de la Cruz Roja, Juan Bazo.

Para realizar el estudio, De La Torre Ugarte detalló que se eligieron tres lugares asociados a fenómenos climáticos diferentes: heladas en Puno, inundaciones en Iquitos y fenómeno El Niño en la costa norte. Trabajaron en colaboración con la Cruz Roja Internacional en un modelo climatológico que se adelanta a la ocurrencia de estos eventos extremos y gatilla una intervención temprana previamente planificada para reducir su impacto en la sociedad.

En el 2017, por ejemplo, se tenían preparados distintos kits de ayuda para distribuirlos inmediatamente después de que se activara la alarma de una posible helada en Puno. Eran un kit para el ganado, uno de abrigo y un botiquín comunal, destinados a proteger los recursos, la salud y la vida de la población, además de mejorar la productividad y el estilo de vida a largo plazo. Sin embargo, aquel año no se presentaron eventos extremos ni en Puno, ni en Iquitos durante el periodo de investigación.

Donde sí aconteció un desastre natural fue en el norte, el llamado fenómeno El Niño Costero. La investigación se llevó a cabo en Picsi (Chiclayo, Lambayeque): allí la intervención temprana había provisto de kits de ayuda y dotación de techos de calamina para las casas, reveló Aguirre en el marco de la Semana de la Evidencia 2021. Una vez pasado El Niño y luego de hacer un análisis de impacto, se encontró que las casas beneficiadas con la ayuda registraron entre 66 % y 93 % menos daños que las demás. Los resultados se publicaron en la revista International Journal of Disaster Risk Science.

Joanna Kámiche, directora del CIUP, comentó que las evaluaciones de impacto son muy escasas en el país. De hecho, este es el primer estudio de ese tipo que usa una herramienta de intervención de alerta temprana. “Este es un resultado muy poderoso, porque te está diciendo que si tú te preparas vas a lograr menores impactos ―resaltó―. Y eso es una lección en términos de políticas públicas, pues no solo podemos pensar en atender la emergencia cuando ocurre. Aquí tenemos un ejemplo con resultados muy concretos de una intervención temprana”.

Cuando una familia pierde o ve afectada su vivienda, el costo social y económico es enorme. Este estudio puede servir para cuantificar todo el ahorro generado, no solo respecto al costo de las medidas preventivas y el menor daño, sino también demuestra que “un poco de trabajo previo nos va a ayudar a ahorrar muchísimo los recursos ex post, cuando los eventos ocurran”, previó Kámiche.

En suma, los dos estudios presentados “han demostrado claramente la importancia que tiene la evidencia", anotó Elsa Galarza, directora de la EGP. Esta puede ayudar a diseñar e implementar mejores políticas públicas para distintas poblaciones, así como a determinar por qué las intervenciones públicas no tienen los efectos deseados, y enriquecerlas. “La academia y el Estado, de la mano, pueden contribuir mucho en mejorar esas intervenciones en beneficio de todos”, finalizó Galarza. Precisamente, de eso se trata la Semana de la Evidencia 2021, un festival de eventos en Latinoamérica que busca entender, promover y celebrar el uso de la evidencia en la política pública.