A raíz del nombramiento de nuevas autoridades en diversas instituciones públicas, en las últimas semanas se ha venido discutiendo sobre las calificaciones que debe tener un funcionario.

 

La necesidad de tener profesionales con perfiles que demuestren su capacidad técnica y ética no solo se sustenta en que las normas de contratación de funcionarios así lo requieren, sino porque de ello depende que se pueda generar valor público. Así como un trabajador y funcionario de una empresa privada genera valor para la organización a través de la producción y comercialización de un bien o servicio, el valor público se refiere a aquel creado por el

 

Estado a través de la calidad de los servicios que presta al ciudadano, a las regulaciones que se implementan y al diseño de políticas públicas que permitan resolver problemas que enfrenta la población. Por ello, es claro que un funcionario que no genere valor público afectará el desempeño de la economía en su conjunto.

 

La pandemia del COV1D-19 ha hecho más evidentes los problemas que enfrenta el Estado para garantizar la salud y bienestar general a la población, pero también nos ha dado el mensaje sobre aquellas habilidades que se necesitarán en un mundo que ha cambiado y se ha vuelto más complejo e interconectado. En un informe reciente de la OCDE se establece que más del 50% de los puestos de trabajo requerirán nuevas habilidades para el 2025. Los empleos públicos no son la excepción. En los siguientes años se requerirán profesionales que puedan innovar y adaptar tecnología al servicio de los ciudadanos, diseñar e implementar procesos digitales que permitirán llegar de manera más rápida y eficiente al ciudadano, especialmente a aquellos de las zonas más alejadas.

 

Los servidores públicos deberán tener pensamiento crítico y estar enfocados en la resolución de problemas complejos. Además, el autoaprendizaje y el aprendizaje continua serán los elementos que todo profesional debe incorporar en su desarrollo profesional.

 

Los retos de la nueva normalidad aplicados a la realidad peruana no hacen otra cosa que enfatizar la necesidad de que los funcionarios sean aquellos que tengan las capacidades necesarias para diseñar e implementar políticas públicas que se requieren para resolver los problemas del país y avanzar hacia su desarrollo sostenible.

 

El no tener profesionales idóneos puede generar la pérdida de oportunidades y de recursos económicos, la paralización de inversiones públicas, así como un uso ineficiente de recursos y posibilidades de corrupción. Ello va en contra de las tendencias mundiales, que indican que todos los servidores públicos deben estar capacitados en cuatro áreas principales para generar valor público: el análisis y asesoramiento de políticas, la producción y entrega de servicios públicos a los ciudadanos, el manejo de contratos y regulaciones sectoriales, y la gestión de redes con instituciones diversas de la sociedad.

 

Pero también es una pésima señal para los actuales funcionarios y para los jóvenes profesionales en la gestión pública, que no solo tienen voluntad de servicio, sino que se preparan para asumir con responsabilidad el reto de contribuir con el desarrollo del país.