​Por Silvana Huanqui, 

Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP. 

​El sector público desarrolla, analiza, evalúa e implementa políticas diariamente, todas tienen un impacto directo o indirecto en la población. Sabemos que las funciones principales del gobierno, según Richard Musgrave son la de 1) Mantener la estabilidad macroeconómica, 2) Redistribuir el ingreso y 3) proveer de bienes y servicios públicos a la población. Estas funciones determinan el entorno económico, político y social en donde se desarrollan todas las actividades de naturaleza social y económicas; impactando finalmente en la calidad de vida de la población.

 

Por lo tanto, es vital que los profesionales que conforman la gran maquinaria del sector público tengan un mínimo de capacidades, de manera que las políticas cuenten con el análisis y sustento técnico que requiere. A lo largo de todo el ciclo de la gestión pública, desde la planificación, pasando por la ejecución hasta la evaluación, las decisiones no deben ser improvisadas, sino muy objetivas; y esa objetividad te la da, por un lado, la preparación y conocimientos y, por otro lado, la experiencia.

 

Y esto va para todo nivel de funcionarios públicos, desde las autoridades en la alta dirección de las diferentes entidades, hasta el servidor público encargado de ejecutar las intervenciones públicas.

 

A veces se piensa que las condiciones para ejercer una labor pública, especialmente las de representación de las personas, atentan contra los derechos democráticos; pero, por ejemplo, si le exigimos a un chofer de autobús que demuestre capacidades de manejar un bus, ¿por qué no podemos exigir capacidades para manejar un país?