Recientemente, la Sunass ha publicado la metodología para determinar la tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el ámbito de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Esta tarifa aplica a toda persona natural o jurídica que extrae agua subterránea con fines distintos a los agrarios (industria y comercio) dentro del ámbito de las EPS. 

Esta decisión es muy importante porque permitirá poner en valor los acuíferos del país y asegurar su adecuado tratamiento, evitando así su depredación. Para el cálculo de la tarifa se tendrán en cuenta los criterios de seguridad en la prestación de los servicios, de sostenibilidad para recuperar los costos de inversión y operación, el costo de oportunidad para seleccionar los mejores proyectos; y la disposición a pagar de los usuarios. Esto permitirá tener tarifas sustentadas en principios de uso eficiente de los recursos hídricos. 

El agua subterránea es una de las principales fuentes de abastecimiento para las EPS y la principal reserva en caso de sequía. De acuerdo con cifras de la Sunass, en Lima, los usuarios industriales y comerciales son 195.688, pero solo consumen 29 m3 de agua subterránea al mes en promedio; los que tienen fuente propia son 1.318, pero consumen 3.108 m3; y los cinco usuarios más grandes, que interpusieron recursos judiciales que impiden a Sedapal cobrarles, consumen 101.703 m3 cada mes. Actualmente, los usuarios industriales y comerciales conectados a red pagan S/5,21 por m3, mientras que los que tienen un pozo propio pagan S/1,41. Esta diferencia deberá corregirse con la aplicación de la norma. 

Sin embargo, lo que no parece haber tomado en cuenta la norma es que los administradores del sistema (las EPS) carecen de los recursos humanos y de una organización empresarial adecuada. Es decir, le ha faltado a la norma un buen análisis de impacto regulatorio para averiguar cómo impacta esta no solo en los usuarios, sino también en los administradores de la misma. 

Según la clasificadora Equilibrium, las principales razones que sustentan una mala clasificación a las EPS son la excesiva estructura de costos, que conlleva a constantes pérdidas netas acumuladas; un patrimonio negativo y una liquidez deteriorada. Asimismo, existe ausencia de principios de gobierno corporativo y políticas de transparencia, lo que queda evidenciado en el hecho de que muy pocas EPS cuentan con estados financieros auditados. Esto refleja ineficiencias en la gestión y dependencia de transferencias del Estado. Finalmente, la constante acumulación de pérdidas compromete el capital social, lo que ha derivado en algunos casos en situaciones de insolvencia. 

¿No sería mejor capacitar a los funcionarios o dotar a las EPS para que puedan contratar el personal idóneo antes de hacer efectiva la norma? Esta es muy buena, pero sería una lástima que su aplicación se pierda en la incapacidad burocrática. Por eso, hace falta una reforma sustantiva de las EPS y, luego de esto, recién se les podrá dar encargos adicionales.