Si el distanciamiento social es un requisito, ¿qué ocurre con escenarios como nuestro transporte público o los mercados? Si, por otro lado, se debe asegurar que las empresas protejan la salud de sus empleados, ¿cómo lograrlo cuando el 72% de trabajadores son informales y adolecen de protección social? ¿Cómo asegurar el bienestar de poblaciones históricamente marginadas, como los pueblos indígenas y amazónicos, o de grupos vulnerables, como los migrantes, presos, adultos mayores, mujeres y niños? 

Con esas preguntas en mente, el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, convocó a un grupo de científicos sociales, entre ellos, Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, e investigadores de nuestro Centro de Investigación: Omar Manky, Feline Freier y José Luis Pérez Guadalupe. Quienes tuvieron a su cargo la elaboración del documento “Por una nueva convivencia: La sociedad peruana en tiempos del COVID-19. Escenarios, propuestas de política y acción pública”. 

El grupo, compuesto por 17 investigadores, trabajó bajo la coordinación de nuestro rector, de Aldo Panfichi, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El resultado es un documento que presenta una serie de propuestas de acciones a seguir en diversos ámbitos. Estas, al ser aplicadas por los diversos estamentos de Gobierno, en coordinación con la sociedad civil, gremios empresariales y otros grupos de representación, deben guiar la ruta hacia esa nueva normalidad, mientras salvaguardan la salud comunitaria. 

Manky abordó el grave problema de la informalidad y las dinámicas dentro de los centros de abasto, así como el ordenamiento del comercio ambulatorio, el transporte y la realidad de las trabajadoras del hogar. Por su parte, Freier propuso soluciones para la población migrante venezolana, como ayuda humanitaria, su reincorporación a actividades productivas y, a mediano plazo, la aplicación de cambios estructurales que permitan su integración social. 

Finalmente, Pérez Guadalupe se centró en la realidad de los penales y las acciones necesarias para asegurar la seguridad y salud del personal penitenciario, así como de los reos y sus familias. Asimismo, delineó una serie de acciones a nivel de gestión, infraestructura, logística, sanidad, y planteó la salida de reos con riesgo de vida, o con prisión preventiva por delitos leves. 

“Un nuevo repertorio de interacciones sociales entre el individuo y la sociedad irá abriéndose camino en plazos más breves de los que anticipamos. La dirección que dichos patrones adopten dependerá de la duración de la crisis actual y de las políticas y acciones que tomen los gobiernos para encontrar las mejores salidas para una población que se encuentra a la expectativa de respuestas que afirmen la vida frente a la incertidumbre y la muerte".

Si las políticas públicas logran atender esas demandas acumuladas desde hace mucho tiempo, las condiciones para una nueva relación entre el Estado y la sociedad podrían encontrar un terreno propicio para su acelerado desarrollo y fortalecimiento”, aseguran los coordinadores en el texto, el cual apunta a configurar un nuevo contrato social, en medio de una situación de pandemia que el mundo no había visto antes y, cuyo abordaje, supone un reto titánico. 

Puede descargar el documento completo aquí​.