Como respuesta a una iniciativa del Ministerio de Salud (Minsa), el Gobierno convocó a un grupo de 17 científicos e investigadores sociales, quienes trabajaron bajo la coordinación de nuestro rector, Felipe Portocarrero; de Aldo Panfichi, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este equipo de profesionales se encargó de la elaboración del informe “Por una nueva convivencia: La sociedad peruana en tiempos del COVID-19. Escenarios, propuestas de política y acción pública”, cuyo objetivo es brindar una serie de propuestas de intervenciones públicas para mitigar los efectos de la pandemia sobre algunos grupos sociales clave. Conoce más sobre este informe aquí.​

También participaron en la elaboración del documento Omar Manky, Feline Freier y José Luis Pérez Guadalupe, investigadores de nuestro Centro de Investigación. Este último hizo un análisis de la situación actual de pobladores y trabajadores penitenciarios del cual hablaremos a continuación.

El sistema penitenciario peruano es visto como el último eslabón de una gran cadena de fracasos sociales y políticas públicas; por lo que, además de medidas urgentes frente a la crisis del coronavirus, son necesarias propuestas a mediano y largo plazo.

El principal problema en los penales del país es el hacinamiento, el cual se ha agudizado en este contexto de pandemia. En este sentido, ¿qué medidas urgentes son necesarias durante y después de la cuarentena? 

Para el personal penitenciario:
- Garantizar la entrega del equipamiento de bioseguridad.
- Capacitarlos en la detección temprana de casos de COVID-19.
- Realizar campañas constantes de limpieza y desinfección. 
- Incrementar el escaso personal de salud e implementar la telemedicina.
- Equipar los servicios de salud e implementar ambientes de aislamiento con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).
- Establecer iguales condiciones de protección y beneficios que las otorgadas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
- Aplicar a la brevedad las pruebas rápidas a los 11 000 trabajadores del INPE.
- Lograr una comunicación estandarizada, un liderazgo claro y un diálogo sostenido.

Para la población privada de libertad y sus familias:
- Agilizar las salidas extraordinarias de personas en riesgo de vida, con enfermedades graves, mujeres embarazadas, madres que viven con sus hijos dentro de las cárceles, siempre y cuando su salida no represente ningún tipo de riesgo social ni impunidad. 

- Activar la Comisión de Gracias Presidenciales para el otorgamiento de indultos humanitarios y conmutaciones de penas.
- Permitir la salida de los internos con prisión preventiva por delitos leves. Incluye los que hayan cumplido la mayor parte de su condena y los que tengan penas cortas, siempre que no implique riesgo social ni impunidad. 
- Desarrollar un plan progresivo de atención, aislamiento y evacuación de internos con síntomas de COVID-19.
- Otorgar un presupuesto extraordinario de alimentación, salud y limpieza de los penales.
- Permitir a los familiares el ingreso de medicinas y artículos de aseo y limpieza.
- Instalar más teléfonos públicos y habilitar una línea o web de registro penitenciario para que los familiares puedan tener información en casos de traslados o evacuaciones de los internos.

Prever el reingreso de las visitas de familiares (y alimentos) después de la cuarentena. 

Cabe señalar que la mayoría de estas medidas no requieren modificaciones normativas: solo la decisión política del Gobierno y la capacidad para gestionarlas. Por otro lado, también son necesarias disposiciones a mediano y largo plazo que sí requerirían de dichas modificaciones. Algunas de estas serían:

- Masificar el uso de grilletes electrónicos. 
- Ampliar y aplicar las penas alternativas a la pena privativa de libertad.
- Aplicar las leyes que permiten que los extranjeros cumplan sus condenas en sus países de origen.
- Plantear alternativas punitivas para los deudores alimentarios.
- Priorizar el trabajo rehabilitador y resocializador del tratamiento penitenciario y la asistencia pospenitenciaria.
- Que ingresen al INPE no menos de mil nuevos servidores cada año, previamente formados en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENEP).
- Trasladar a los 4386 empleados que están bajo el régimen CAS a la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. 
- Retomar la política de construcción y rehabilitación de penales y repotenciar la Dirección General de Infraestructura del INPE. 
- Implementar el control computarizado en el acceso y salida de los establecimientos penitenciarios, así como en el ingreso de alimentos e insumos.
- Que el Minsa se haga cargo del área de salud de los penales del país, así como el Minedu se hace cargo de la educación básica escolar.
- Convertir al INPE en un órgano técnico autónomo.

Hay medidas que se debieron tomar y prever desde el primer día de cuarentena, pero que demoraron en su formulación o ejecución. Lo que queda claro es que todas estas implican un claro compromiso del Gobierno y un liderazgo firme del sector Justicia y Derechos Humanos.