Las proyecciones de crecimiento económico para el 2020 y 2021 no son nada alentadoras, aunque más bien esperadas con una adelantada resignación. El BCRP hasta el momento estima una caída de 12.5% del producto; CEPAL estima -15%. Otros estimados abarcan un rango inusualmente amplio y pesimista. Sin embargo, la crisis aún no acaba, el COVID-19 continúa afectando la salud y la vida de decenas de miles de personas, y al mismo tiempo viene generando severas secuelas en la capacidad de percepción de ingresos de los agentes privados.

En este contexto, si bien el MEF aún no se pronuncia respecto a sus estimados de crecimiento, ya deben estar siendo utilizados para la preparación del proyecto de Ley de Presupuesto del 2021. Por tanto, ya debe haber empezado a percibir la materialización de las consecuencias fiscales de la política de gobierno en torno al COVID. 

Por un lado, el extraordinario incremento del gasto público en la implementación de las costosas medidas para el control de la pandemia y las medidas para la reactivación y el alivio económico; y por otro lado, la fuerte caída de los ingresos públicos, producto de la paralización económica en el primer semestre, y la débil recuperación estimada para el resto de este y el próximo año.