No se trata de una mutación verdaderamente original la que ha surgido en el contexto electoral, tiñendo con inquietante aunque distinta intensidad las propuestas y planes de gobierno. La verdad es que el populismo ya estaba presente en la política peruana desde que la mayoría Fuerza Popular-Apra del Congreso 2015-2019 se propuso tensar la relación con el Ejecutivo hasta límites inapropiados e inexcusables. Al respecto, basta recordar iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría de ese poder del Estado que el Tribunal Constitucional oportunamente enmendó, como es el caso de la llamada Ley Mulder, que pretendía regular la publicidad estatal prohibiendo al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y municipales y demás entidades estatales informar a la población, vulnerando el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Hasta entonces el manejo de la economía se mantuvo a salvo de la impronta populista. Esta parecía estar confinada. Sin embargo, el delicado equilibrio de poderes, fundamental para la prevalencia de la institucionalidad democrática, resultó seriamente mellado por las sostenidas embestidas de la otrora mayoría parlamentaria, y la idea de que desde el Congreso “todo es posible”, parece haber calado irremediablemente.
El Congreso en funciones ha hecho y hace gala sostenidamente de esa pretensión, encubierto por las urgencias y necesidades generadas por la pandemia, la emergencia sanitaria y la crisis económica consecuente. Para el economista Carlos Parodi, investigador del Centro de Investigación-CIUP, y profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, “los populistas solo quieren votos”. “La economía tiene límites. ¿Quiere identificar a un populista? Pregúntele cómo se financiará su iniciativa. Quién paga. Luego pídale que le explique las consecuencias no deseadas de su propuesta”, señala. “Nadie duda de que en el Perú la igualdad de oportunidades es un mito; tampoco que gran parte de la población vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Algo hay que hacer y desde hace mucho tiempo. No discrepo en el qué, sino en el cómo”, precisa.
Pero si, con sus iniciativas y sus votos, parlamentarios de distintas tiendas políticas del Congreso –en particular de Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Frepap– han perforado gravemente el sistema previsional, puesto en riesgo el equilibrio fiscal, dificultado la gestión pública y el ordenamiento del aparato estatal, lo que se ofrece para el período de gobierno 2021- 2026 no es menos preocupante.
“El populista busca la aprobación de la población a través de medidas que no tienen ningún sustento técnico. Muchos critican a los técnicos. Sin embargo, zapatero a tus zapatos”, señala Parodi. Al respecto, propuestas como el otorgamiento de créditos baratos sin miramientos para la microempresa es en el mejor de los casos una expresión de buenos deseos. El decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, sostiene al respecto que una iniciativa tal, que tiene un componente de riesgo alto, muy probablemente va a traer como consecuencia dejar sin financiamiento a las mypes. “El control de las tasas de interés, ahuyenta a los proveedores formales de crédito”, apunta el economista.
Parte del problema del desborde populista radica en la tremenda debilidad institucional, la misma que se extiende a los partidos políticos y afecta severamente la representación. La ligereza y visión de cortísimo plazo intrínseca del menú populista se explica, al menos en parte, por la inexistencia de verdaderos partidos políticos. En opinión de Paula Muñoz, profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, “lo que hay son ´franquicias´ que se activan durante las coyunturas electorales, y después desaparecen. A estos grupos, el politólogo de la PUCP Mauricio Zavaleta no los llama partidos, sino ‘coaliciones temporales de independientes’. Se juntan solo cuando hay elecciones, se organizan para resolver expeditivamente los requisitos que exige la ley electoral y, después, en el Congreso, cada uno baila con su pañuelo”.
En tal sentido, resulta sugerente lo que revela el “Informe especial: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno”, elaborado por Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción para la humanidad que fue aprobado por 193 países en 2015 y que constituye por lo tanto un referente digno de atención por parte de quienes pretenden dirigir el destino del país. “[…] aun cuando el balance general de la presencia de los ODS en los planes de gobierno, sea positivo, al profundizar en metas particulares, no es posible afirmar lo mismo”, indica el referido informe. Lo deseable y exigible de organizaciones políticas serias es que la priorización de estos objetivos, tenga el sustento técnico debido y, así mismo, se ajuste a las necesidades de la realidad nacional, no solo desde una mirada de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo.