En el Perú, desde 2002, se han reportado más de 100 crímenes asociados con la protección del territorio y el ambiente, y la Amazonía es la región más peligrosa para aquellas personas que defienden el patrimonio común de todos los peruanos frente a delitos como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico ilícito de fauna silvestre.
Estos delitos y otros como el narcotráfico no solo impactan seriamente en la biodiversidad y ecosistemas de la Amazonía peruana, sino también en las comunidades que la habitan y, de manera particular, en aquellas personas que defienden sus territorios y recursos ante estas actividades, quienes suelen ser víctimas de extorsión, asalto, secuestro e incluso asesinato.
En ese contexto, estudiantes de derecho, autoridades, especialistas y líderes indígenas se reunieron para intercambiar experiencias y propuestas ante esta problemática en el webinar Defensores ambientales y acceso a la justicia ambiental, coorganizado por el Proyecto
Prevenir de USAID y la
Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico (UP).
El evento fue inaugurado por el Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro Alex Fasanando quien señaló que “en el Perú los defensores de derechos humanos son víctimas de frecuentes amenazas y violaciones a sus derechos a la integridad, libertad personal e incluso a la vida.” Asimismo, resaltó que “podemos citar lo ocurrido en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde fueron asesinados durante la pandemia de la COVID-19 aproximadamente 10 defensores ambientales que se enfrentaron a organizaciones ilícitas que deforestaban su hábitat”.
Al respecto, un equipo de estudiantes de la
Facultad de Derecho de la UP contextualizó la situación de estas personas resaltando que en la práctica “cualquier ciudadano puede ser un defensor ambiental, aunque no suelen ser reconocidos y, en cambio, con frecuencia se les criminaliza”.
En ese sentido, Max Silva, representante de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) recalcó las difíciles condiciones para promover la celeridad y eficiencia en la atención a denuncias de los pueblos indígenas. “Es un proceso un poco lento para atender estas denuncias que se hacen desde las comunidades para lograr que se les haga justicia”, señaló. En esa línea añadió que “no es lo mismo para un citadino que puede activar una denuncia a todos los operadores del derecho, que a un líder que vive fuera de la zona urbana en sitios bastante lejano, y poder operativizar las constataciones o las diligencias correspondientes, en las que participan diferentes actores u operadores (…) del ministerio público, con participación de fuerzas militares y policiales.”
En la misma línea, Betty Rubio, reconocida lideresa indígena kichwa y presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela narró su experiencia señalando que “con el uso de la tecnología hemos podido generar evidencias y presentar denuncias ante las autoridades. Aunque es complicado poder hacer ese tipo de trabajo porque muchas veces nuestras denuncias no son priorizadas porque son casos a los que no se les da mucha importancia.” Asimismo, resaltó la importancia de “poder articular con las autoridades como la policía para poder trabajar y hacer un trabajo conjunto para que estas actividades ilegales las podamos frenar y parar, porque nos preocupa (por ejemplo) que la minería ilegal en nuestra zona sigue avanzando.”
De modo complementario, el director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH Ángel González, resaltó la oportunidad de articular esfuerzos indicando que hoy, por primera vez, se cuenta “con una herramienta nueva y fortalecida; un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos donde participan ocho ministerios.” Según destacó, este enfoque “deja de lado la sectorialidad y recurre a relaciones de coordinación y vinculación con otros actores del Estado, que en el marco de sus funciones y competencias pueden desarrollar acciones orientadas a reducir las situaciones de riesgo que afrontan las personas defensoras de derechos humanos” concluyó.