​Es preciso empezar reconociendo que el crecimiento exponencial del sector agroexportador no se ha reflejado en una mejora sustancial de los salarios y de las condiciones laborales de los trabajadores. Los mismos empresarios del sector han reconocido que hay mucho pendiente, aunque plantean que el problema no es la legislación, sino la informalidad.

Es evidente que esta es un problema y que en las empresas informales las condiciones laborales son aún más precarias. El tema es cómo enfrentarla. Enel Perú, se ha argumentado hasta el cansancio que la única forma de formalizar es reduciendo impuestos, derechos laborales y regulación. Pero como muestra el sector agrícola, un régimen preferencial laboral y tributario no ha significado un avance sustantivo en la formalización. Mientras la Sunafil carezca de recursos para fiscalizar, la informalidad subsistirá. Y el Estado necesita ser más proactivo para ayudar a aquellos que necesitan mejorar su productividad para formalizarse. Pero no a través del simplismo de bajar impuestos y reducir derechos laborales (o no al menos como medida permanente), sino con asistencia técnica, acceso a capital y tecnología, y asesoría para entrar a nuevas cadenas productivas y mercados. Este apoyo estatal es aún más necesario cuando nos referimos al pequeño productor, que representa la enorme mayoría de la PEA agraria y que ha sido abandonado históricamente por el Estado. De hecho, la derogada Ley de Promoción Agraria hacía poco o nada para ayudar a la pequeña agricultura.

Hasta aquí, existe un amplio consenso. Pero el problema no acaba en la informalidad, porque la formalidad, hoy, no representa condiciones dignas para el trabajador, ni una equitativa distribución de los beneficios del "boom' agroexportador. Mientras sea legal pagarles a los trabajadores un salario que no alcanza para mantener a una familia dignamente, la formalidad será insuficiente. Y ha quedado claro que no se puede esperar que las condiciones mejoren solas. Como bien ha señalado Femando Cuadros, ex viceministro de Trabajo, los sueldos promedio del sector solo han tenido un aumento relevante cuando el salario mínimo se incrementó. Cuando este no aumentaba, los sueldos reales se estancaban y hasta disminuían.

Por ello, los incrementos salariales son, justificadamente, el centro de atención. Pero también necesitamos pensar en una jubilación anticipada y digna para trabajadores que destrozan su cuerpo en el esfuerzo físico que implica el trabajo de campo. Necesitamos un régimen laboral que comprenda que el trabajo agrícola es estacionario, pero que no por eso debe abandonar a los trabajadores. Necesitamos hacer efectivo el derecho constitucional de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas y cambiar el régimen actual que permite tantas maniobras elusivas. Necesitamos una legislación que fortalezca los sindicatos y garantice la negociación colectiva por rama, para que la clase trabajadora pueda dialogar protegida por ley y se eviten los estallidos sociales que nadie desea. Y necesitamos, sobre todo, reconocer que la situación actual, en la informalidad y la formalidad, debe corregirse. No podemos seguir pidiéndole a la clase trabajadora que espere para siempre por los beneficios de ese 'boom' económico que llena titulares, pero nunca sus bolsillos.