​​​El objetivo de la existencia del Estado es un tema muy debatido, pero queda claro que la razón de su existencia es proveer los bienes y servicios a los cuales la población tiene derecho y asegurar la igualdad de oportunidades. Por ello, el centro de su función son las personas. Esto probablemente se ha escuchado frecuentemente y es bueno repetirlo porque muchas veces se pierde el foco.

El político tiene en muchos casos como objetivo mantenerse en el poder, y cuando ese objetivo coincide con buscar el bienestar de la población es una situación deseable pero poco probable. Los incentivos van por otro lado.

Por ello, para que el Estado funcione necesita de gente comprometida con los objetivos mencionados y que busque innovar y capacitarse permanentemente para cumplir con la razón de su existencia. Para ello se necesita capacitar, monitorear, incentivar, ejercer liderazgo tal cual se prescribe en la actividad privada. Allí tenemos fallas que es necesario corregir para cambiar la imagen del burócrata que tiene la mayoría de la población por la de servidor público. Sin embargo, el camino es aún largo y debemos ir paso a paso. Por ello es que debe medirse el desempeño de los funcionarios públicos con el objetivo de capacitarlos en las áreas en las que muestren debilidades y ayudarlos a mejorar. Esto no debe estar exento de evaluaciones, y si alguien, luego de varias oportunidades, no rinde según lo que se necesita, entonces deberá dejar el puesto para quesea ocupado por alguien que verdaderamente cumpla ese rol.

La reforma del empleo público es una carrera de largo aliento que debe tener como objetivo captar al mejor talento motivado y brindar remuneraciones atractivas. Existen muchas distorsiones que deben eliminarse.

Por ello es que se habían promulgado dos Decretos de Urgencia que estipulaban un marco para las negociaciones colectivas entre los trabajadores y las autoridades de cada empresa y entidad pública.

Dado que son recursos de todos los peruanos los que se utilizan para pagar los sueldos y salarios se establecían pautas para la publicidad del proceso y los resultados para que los ciudadanos pudieran opinar o se detectara desbalances entre entidades del Estado.

Por otro lado, teníamos al otro Decreto de Urgencia que regulaba las reposiciones de trabajadores en las entidades públicas. Es conocido que muchas veces los repuestos en sus antiguos empleos son personas que no están en la misma onda de lo que ocurre en el Estado y son asignados a tareas que no son de importancia donde su productividad es casi nula y se le tiene que pagar el sueldo y se convierte en una carga para la institución. Son muchos los casos en donde se ve que a nivel de entidades, empresas públicas o municipalidades los trabajadores reciben bonificaciones sin sustento en productividad como lo recomendaría el sentido común. Eso genera a las entidades públicas problemas financieros significativos en donde los niveles de deuda son altos y al final se descuida a los ciudadanos. Vemos que se invierte mucho tiempo en discusiones internas y no se proveen los servicios de manera adecuada. El resultado es que la institución cuenta con mucho personal y poco productivo. Esa situación no es sostenible.

Por ello, es que se estableció que si alguien era repuesto debería contar con el perfil adecuado para el puesto y tomándose en cuenta la disponibilidad presupuestal. Es puro sentido común en el uso de los recursos públicos. El problema es que en el Congreso se vienen cuestionando estas normas y se busca eliminarlas o reemplazarlas por otras que van en el sentido contra rio con todos los efectos nocivos que acarrean. Esperamos que se reconsideren estas iniciativas y haya una discusión aburada para mantenerlas o mejorarlas, pero no retroceder.