En un mundo cada vez más globalizado, la migración es un fenómeno de creciente importancia. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019, 272 millones de personas vivían en un país distinto del que los vio nacer, cifra 50 millones mayor que la registrada en 2000.
No obstante, migrar no siempre constituye una decisión tomada voluntariamente, sino que puede ser, más bien, una respuesta extrema frente a una situación dramática. Este es el caso de los migrantes venezolanos que salen de un país envuelto en una crisis económica histórica.
Se calcula que más de un millón de ciudadanos venezolanos han llegado al Perú (la mayoría arribó en 2018) y casi 500 mil han solicitado la condición de refugiado. Esto convertiría al Perú en el primer país receptor de migrantes venezolanos con necesidad de protección internacional y en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial (ACNUR).[1]
El efecto de la migración venezolana en la economía peruana puede medirse tanto desde el lado de la demanda, como del de la oferta. En el primer caso, se estima que en 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) potencial creció 4,4%, de los cuales un punto porcentual sería debido al consumo realizado por los ciudadanos venezolanos en el país (BBVA Research, octubre de 2019).[2] En segundo lugar, tenemos el aumento de la oferta laboral (la gran mayoría de ellos tiene entre 20 y 40 años), cuyos efectos se pueden dar tanto en precios (salario) como cantidades (empleo).
Si bien la cantidad de migrantes que buscarían empleo representa una proporción menor del total de la Población Económicamente Activa (PEA), si se le mide como proporción del número de personas que usualmente ingresan al mercado laboral cada año (que sumaron alrededor de 300 mil en 2017-2018), el influjo de esta nueva fuerza laboral ha sido sustancial. Según la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE), conducida a fines de 2018, sus ocupaciones más comunes son: camareros y taberneros (9.6%), comerciante vendedor al por menor (8.7%), limpiador de oficinas, hoteles y otros (7.8%), vendedor ambulante de productos comestibles (6.1%), y conductor de vehículos motorizados (4.5%). Un indicador claro de la precariedad de los empleos dependientes es que el 89% de los trabajadores no tiene contrato y 97% no tiene seguro de salud otorgado por el empleador (BBVA Research, octubre de 2019).
Dos preocupaciones sustanciales de los trabajadores locales frente a la migración venezolana tienen que ver con el reemplazo del empleo local (por migrantes venezolanos) y la reducción de los salarios. Es difícil que el significativo incremento de la oferta laboral en tan corto plazo no tenga un correlativo en el nivel de competencia en el mercado, tanto a nivel de puestos de trabajo, como en el salario que estos ofrezcan. De hecho, un estudio preliminar de Asencios y Castellares (2020)[3] encuentra que la probabilidad de perder empleo en Lima, donde se concentra la mayor oferta de empleo de los migrantes, es mayor entre los trabajadores más jóvenes (14 y 24 años de edad) y decrece a medida que aumenta el nivel educativo. Esto sería especialmente cierto para ocupaciones en los sectores de servicios, comercio y construcción (que requieren poca certificación o reconocimiento de títulos). En el mismo sentido, dicho estudio encuentra una reducción de los ingresos entre los trabajadores más jóvenes (14 y 24 años) y mayores (de 55 años) que tengan un nivel educativo menor al de secundaria incompleta (comparados con los ingresos de trabajadores mayores de 55 años, con educación universitaria).
La literatura internacional, sin embargo, da luces sobre los posibles efectos de largo plazo. La distribución de los trabajadores en posiciones más productivas debería, en el largo plazo, llevar a un más eficiente manejo los recursos y al crecimiento económico. Es este crecimiento económico el que debería ofrecer mejores posibilidades económicas a todos los trabajadores, locales y migrantes. Naturalmente, ese largo plazo está aún por venir.
[1] Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) (https://www.acnur.org/peru.html).
[2] Se calcula que el 65% de inmigrantes mayores de 14 años envía remesas a su país de origen, y con una frecuencia semanal o quincenal; con un monto mensual promedio de S/ 240-280 (BBVA Research, a octubre del 2019). Si consideramos que el ingreso promedio está en alrededor de S/ 900, dos tercios de ese ingreso son gastados en el Perú.
[3] "Impacto de la Inmigración Venezolana en el Empleo y los Salarios: el Caso Peruano," Documento de Trabajo N0. 002-2020. Lima: BCRP.