¿Qué punto en común tienen la educación, la felicidad y la inmigración? Ciertamente, buscan mejorar las condiciones de vida ​y convivencia de la población, basadas en el desarrollo del país. Hacia ese objetivo apuntaron las sesiones sobre políticas sociales, desarrollo y sociedad de la conferencia online «Proyecto Bicentenario del Perú: Contribuciones para su desarrollo», una serie de estudios propuestos por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) ad portas de los 200 años de independencia del país. 

Un sector educativo atomizado 

César Guadalupe, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Pacífico, presentó el estudio «Educación peruana: avances, nudos y perspectivas», elaborado de manera conjunta con Gustavo Yamada, director del CIUP, y Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación. 

La exposición de Guadalupe se centró en las consecuencias de la atomización de los servicios educativos del Perú, la cual «permite que haya colegios muy chiquitos, con muy poca densidad, no solo de estudiantes, sino también de formación de equipos profesionales». 

Dicha falta de integración debilita al sistema en general y se refleja en el centralismo del sector. Según Guadalupe, esta situación «limita las posibilidades de que cada institución adapte su oferta educativa y sus servicios a las características y necesidades de las personas, además de reforzar una imagen muy autoritaria del sistema». 

En ese sentido, Guadalupe instó a repensar, además, el papel de la vida institucional para el sistema educativo y, en general, para todo el Perú, pues representa el espíritu de la sociedad en su conjunto: «Las escuelas no solo educan: lo hacemos todos y en todas partes». Luego de dicha exposición, Santiago Cueto, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), hizo los comentarios sobre la investigación. 

Por otro lado, Enrique Vásquez, profesor de economía en la Universidad del Pacífico y experto en políticas y programas de lucha contra la pobreza, compartió los resultados de su investigación «Por un Perú feliz con valores», en la que, con el fin de estudiar las repercusiones de la dinámica económica y social en la felicidad de la población, dividió al país en dos campos de estudio: el «Perú pobre» y el «Perú rico». 

De esta manera, analizó a casi mil hogares del Perú (la mitad ubicados en los distritos más pobres del Perú y la otra mitad en los más ricos), luego de aplicar el cuestionario de Oxford sobre la felicidad y construir una fórmula con un puntaje del 0 al 20. Así, Vásquez encontró que, en el caso del «Perú rico», el puntaje fue de 17.74 en la escala de felicidad; mientras que, en el caso del «Perú pobre», este disminuyó a 11.24. 

A partir de este hallazgo, el trabajo pretende demostrar que la pregunta elemental «¿el dinero hace la felicidad?» esconde en el fondo diferencias no solo esporádicas, apreciables en las billeteras o cuentas bancarias de los individuos, sino también estructurales. 

Para graficar mejor este aporte, una de las observaciones más llamativas hechas por Vásquez fue la diferencia entre lo que el Estado invierte en las zonas ricas y en las zonas pobres. «En las primeras, se gasta casi S/ 1600 per cápita; mientras que, en las segundas, solo alrededor de S/ 400», reveló. 

Con el mismo énfasis, Vásquez evidenció cómo el factor comunitario o interpersonal tiene un papel determinante para que los índices de felicidad aumenten en ambos casos, sobre todo en el «Perú pobre», donde son importantes las organizaciones sociales de base, especialmente las rondas campesinas. «El 39.4 % de los jefes de las zonas rurales pertenecen a las rondas campesinas, porque estas les brindan apoyo moral, justicia y protección e información», precisó Vásquez, quien dio paso a los comentarios de Rafael Cortez, economista senior del Banco Mundial. 

Un mejor país para la inmigración 

En cuanto al estudio «Política migratoria: hacia una política de integración para un nuevo país de inmigración», este aborda el problema de integración en la política migratoria nacional, que ha virado radicalmente en los últimos 30 años, pues el Perú ha pasado de ser un país donde los peruanos salían al extranjero a buscar un futuro mejor a experimentar un proceso de recibir y acoger a miles de migrantes, como es el caso de la migración venezolana. 

Las autoras de la investigación —Feline Freier, profesora de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, e Isabel Berganza, vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya— puntualizaron que, si bien la ley y reglamento de migraciones vigentes parten de una visión de los derechos humanos, «se enfocan en los migrantes peruanos y peruanas que quieren salir, o quieren retornar», y no tanto en los inmigrantes extranjeros. 

Por ello, Freier y Berganza recomendaron fortalecer la institucionalidad como vehículo para la integración, pues, en palabras de Berganza, «la migración tiene que ver con todos los sectores del gobierno y la vida». Sobre estos puntos se abordaron los comentarios a cargo de Mariana Mandiola, asociada de protección de la Oficina en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Así es como estos tres trabajos de investigación plantearon los retos en políticas sociales, desarrollo y sociedad como parte del “Proyecto Bicentenario del Perú: contribuciones para su desarrollo”, una serie de estudios que próximamente será entregado a autoridades y público en general en formato de libro. La celebración de los 200 años de independencia del Perú es un buen momento para reflexionar sobre el largo plazo y, en ese derrotero, las políticas sociales son fundamentales. ​​