Uno de los beneficios que le generaría al país, que se regulen las operaciones de fusiones y concentraciones, es la reducción de la pobreza, en base a un estudio que realizó el año pasado la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el
Banco Mundial, señaló la abogada y profesora de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),
Tania Zúñiga durante su participación en el Foro ¿El Estado debe controlar las fusiones y adquisiciones? organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Por ello, indicó que es necesario una ley de concentraciones que busca ser un instrumento, no sancionador sino un diseño de prevención para lo cual es importante que se delimite la intervención del Estado.
"No es un instrumento tiránico, ni un instrumento con el cual se van a sancionar a las empresas con concentraciones. Bienvenidas las concentraciones empresariales que pueden producir un bienestar al consumidor y en general, compartir con competidores en el mercado una serie de preocupaciones de índole de carácter competitivo efectivo pero no es un instrumento sancionatorio sino preventivo”, mencionó. En ese sentido, detalló que se espera que a partir de esta semana se presente al Congreso el proyecto de ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales luego que el pasado jueves el grupo Pro Inversión y Generación de Empleo presentó el informe final de la iniciativa a la Comisión de Economía. Precisó que una de las recomendaciones en dicho informe final es que el umbral por operaciones y ventas sea congruente con el tipo de economía del Perú.
Por su parte, el abogado y profesor de la Universidad del Pacífico,
Andrés Calderón, manifestó que el umbral tiene que ser razonablemente alto para que el Estado no revise operaciones con poca trascendencia sumado a los diversos cambios institucionales que debe tener el Indecopi entre los cuales se incluya que los vocales no sean denunciados por este tipo de casos y además sean elegidos por concurso público por un periodo determinado y no puedan ser removidos sino es por una causal. “Hasta que no me demuestren que el sistema es eficiente y superen todos los costos yo no me arriesgaría a trabajar el texto de la ley y luego ver cómo garantizamos el presupuesto y la independencia de estas autoridades. Lo que se debe hacer es no respaldar un proyecto de ley de control de concentraciones si es que antes no han garantizado que todo el tema institucional va a funcionar”, recalcó.
Agregó que existe evidencia de fallas en el control de fusiones en diversos países los cuáles están tendiendo a revisar los efectos de dichas decisiones. "Las autoridades de competencia se están dando cuenta que están cometiendo errores por eso están tomando conciencia que esta herramienta es falible. Es posible que el sistema de control de concentraciones tenga un efecto corrector del impacto negativo. ¿Vale la pena asumir todos los riesgos que tiene?. ¿En el Perú estamos preparados para que esto funcione?", reflexionó durante su exposición en el Foro.
Alejandra Cruz, Coordinadora web de la sección de Economía y Negocios del diario El Comercio y
Andrés Calderón, profesor de Derecho de la UP
Al respecto,
José Tavara, economista y profesor de la PUCP, señaló que detrás del rechazo a regular las concentraciones y fusiones en el país está el temor a razonar pero los afectados son los consumidores y las pequeñas empresas. “Una economía de libre mercado genera oportunidades y desaparece cuando hay monopolios. Las posibilidades de formación de cartel aumenta cuando un mercado se concentra. Vaya a Cuba y verá que es el único país que no tiene control de fusiones por lo que ahora Perú esta a nivel de dicho país. Todos han adoptado leyes de competencia que desaparecen mientras los mercado se monopolizan. Hace poco se fusionó Primax con Pecsa pero si hubiera régimen de control los consumidores no verían afectados cuando en una sola carretera encuentras ambos grifos”, consideró.
Távara manifiesta que son todos los consumidores los perjudicados durante el retraso de establecer una ley que controle las concentraciones y fusiones empresariales. Por el lado contrario, el economista y profesor de Pacifico Business School,
Enzo Defilippi, dijo que es necesario entender cómo funcionan los mercados porque al bloquear las fusiones se impide la reducción de costos. Considera que no existe evidencia que permita segregar entre qué fusiones si deberían ser bloqueado y las que no por ello será necesario que el Estado sustente cuándo prohíba una operación.
“Cuando este tipo de regulación se presenta en otros países se debe demostrar lo que sucede, pero se está discutiendo un texto sin sustento. Cuántas fusiones fueron analizadas para ver si generaron los problemas que se señalan. No estamos discutiendo la necesidad del control y la eficacia sino que supone muchas cosas más allá. Desde hace 20 años venimos discutiendo este tema”, afirmó.
Enzo Defilippi, profesor de Pacífico Business School, recomendó un control
del Estado con sustento para cada caso.
Se requiere un presupuesto adicional anual de S/ 5 millones
El presidente del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi),
Ivo Gagliuffi, aclaró que de aprobarse una ley de control previo de concentraciones y fusiones empresariales es necesario que se les asigne un presupuesto adicional anual de S/ 5 millones para la contratación y capacitación de personal, que por lo menos tomaría unos 6 meses. Detalló que la posición del Indecopi es que si el Congreso aprueba la mencionada ley son necesarias que se tengan en cuenta condiciones mínimas con determinados estándares para que les brinde seguridad a los inversionistas que se sometan a este tipo de control. Entre estas condiciones está un umbral razonable porque el Estado no puede invertir recursos en fusiones que tengan ningún impacto. Al respecto, afirmó que el umbral no debe ser fijado por el Congreso porque se sometería a un debate político sino por el Ejecutivo de la mano con Indecopi y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Otra de las condiciones es que aquellas fusiones que a primera vista no tendrían un gran impacto deberían ser tratadas con un procedimiento rápido (fast track) mientras que las que si podrían tener un impacto deben pasar por un procedimiento ordinario que demoraría entre 90 a 120 días. “No más de ese periodo porque se condicionan las inversiones y si hacemos eso la ahuyentaremos. Por eso la idea es hacerse cargo pero de forma rápida. Otro tema importante es el diseño institucional. Habrá mucha presión sobre los comisionados o vocales que resuelvan el tema de fusiones lo que significa denuncias penales, amenazas de demanda civil por eso se necesita un blindaje legal que no se les denuncie por aprobar o no un fusión, que no se les haga control político y si se deniega o aprueba una fusión con condiciones que vaya con un procedimiento acelerado vía judicial que no demore porque se va la inversión”, resaltó. Finalmente, dejó en claro que no se debe aprobar un proyecto de ley de control previo de fusiones que sea retroactivo porque ello no es aceptable ya que es inconstitucional y generaría un impacto económico.