Noticias de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

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25/01/2017. No uno sino muchos Puente Piedra

Por: Enzo Defilippi​, profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.​
Fuente: Diario El C​omercio

Hace poco veíamos cómo la población de Puente Piedra se levantaba para oponerse a la instalación de un peaje. No les parece legítimo que se les empiece a cobrar por usar la misma avenida que han usado siempre. 

Pero este no es el único caso en el que una concesión otorgada por la Municipalidad de Lima ha autorizado a cobrar por usar vías urbanas que hoy usamos libremente. Al menos dos se me vienen a la mente: la autopista Javier Prado-Faucett y la autopista La Molina-Angamos. Y en ninguno de los dos casos, la municipalidad ha sabido distinguir entre los beneficios que genera construir infraestructura nueva y los perjuicios que causa restringir el acceso a la infraestructura existente. Es que “además de” no es lo mismo que “en vez de”.

Ejemplos de infraestructura nueva serán el túnel entre Surco y La Molina, o la extensión de la autopista Ramiro Prialé hasta Chosica. Obras que generarán beneficios, precisamente, porque añadirán infraestructura a la ya existente. No creo que muchos se opongan a pagar por usar infraestructura nueva financiada por privados.

No es lo mismo lo que sucederá con las avenidas Javier Prado y Primavera/Angamos. En ambos casos, la concesión retirará del uso general (gratuito) parte importante de estas vías para construir “autopistas VIP” que generen beneficios (menos tráfico y más velocidad) a quienes las usen. Ellos ganarán tiempo y las empresas concesionarias cobrarán por ello. ¿Y los demás? Tendrán menos (no más) infraestructura disponible. Es decir, más tráfico. 

¿Se imaginan el tráfico en la avenida Canadá, si solo cuatro carriles de la Javier Prado son de uso libre? ¿Y en las calles de Surco y San Borja, si se reducen los ocho carriles con que hoy cuenta la avenida Primavera? Y eso, suponiendo peajes razonables.

Obviamente, si unos pocos se benefician mientras que la mayoría se perjudica, el resultado será un perjuicio neto para la ciudad.

Debo confesar que tampoco entiendo cómo puede ser razonable, desde el punto de integración urbana o de cohesión social, encarecer el costo de ir de un lado a otro de la ciudad. No estamos hablando de viaductos o túneles a lo largo de las avenidas concesionadas, los que añadirían capacidad sin restringir el uso de la infraestructura existente. Estamos hablando de pagar peaje por usar los ‘by-pass’ y las vías rápidas que hoy usamos libremente (y cuya construcción ya pagamos).

¿Quién es el responsable de esto? ¿Las empresas que proponen los proyectos (curiosamente, todas son iniciativas privadas) y que, obviamente, buscan el mayor beneficio posible, o la Municipalidad de Lima, que debería defender nuestro derecho a circular libremente por la ciudad? Pretender mejorar la calidad de vida de unos empeorando la de todos los demás es impensable en cualquier sociedad civilizada. Es esperable que la gente se oponga y que ninguno de los argumentos técnicos los convenza. ¿No es lo que acabamos de ver?

Sí, la solución al caótico tráfico limeño requiere, entre otras cosas, de más infraestructura. Y las concesiones son una gran herramienta para extenderla, pero no para obligarnos a pagar por la que ya tenemos. Si insisten, no habrá uno sino muchos Puente Piedra. No hay que ser vidente para preverlo.
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