Por: José Luis Bonifaz, Director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Fuente: El Comercio.
La semana pasada se ha decretado la muerte del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pues se piensa que debido a su compleja normativa se estaría impidiendo la ejecución de inversión pública en el país. Pero ¿qué está deteniendo realmente la ejecución de la inversión pública?
En los últimos años, la normatividad del SNIP ya ha ido experimentando una serie de modificaciones con el objetivo de agilizar la aprobación de los proyectos. De hecho, el SNIP ha sido descentralizado y los gobiernos subnacionales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. Solo los proyectos con endeudamiento o que requieran el aval del Estado son evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Como consecuencia de lo anterior, se ha experimentado un notable incremento en el número de proyectos declarados viables. De hecho, en los últimos años el 80% del presupuesto de inversiones de los gobiernos regionales (GR) contaba con viabilidad SNIP. Sin embargo, solo se ejecutó en promedio el 40%. Esta diferencia parecería indicar que se declara viable casi cualquier proyecto o que luego existen dificultades en la etapa de ejecución. Creemos que hay de los dos.
Por un lado, se invierte poco en los estudios de preinversión. En promedio, los proyectos de los GR destinan para la elaboración de sus perfiles solo el 0,5% de la inversión cuando lo recomendado es 2%. Así, perfiles de baja calidad generan luego un retraso en la ejecución de las inversiones.
El segundo escenario es cuando un proyecto de inversión es declarado viable. Si bien se le asigna dicho monto de inversión al presupuesto de la unidad que lo formula, esta unidad puede tomarse tranquilamente un año para elaborar los términos de referencia para contratar al consultor que elaborará los expedientes técnicos definitivos. En el segundo año recién se elabora el expediente. En el tercer año se hacen las licitaciones de obra, y al cuarto año, con suerte, recién se empiezan a hacer los desembolsos. Esto suponiendo que nadie impugna, que no hay concursos desiertos y que lo que entrega el consultor como expediente técnico no es observado.
Por lo tanto, no se trata de matar el SNIP. Más bien, proponemos una licitación de estudios de preinversión y ejecución de obras por paquetes o grupos de proyectos. De esta forma, la escala de los proyectos sería más interesante y tanto empresas nacionales como extranjeras reconocidas tendrían incentivos para participar como consultores y/o ejecutores; e incluso una vez realizada la obra, encargársele la operaión y mantenimiento del paquete. Así se podrían agrupar 20 o 30 proyectos regionales de agua potable de S/2 millones a S/3 millones cada uno, formando un paquete atractivo para una buena empresa.
Por eso creemos que el SNIP no es la raíz de los problemas ni al que hay que matar. Más bien hay que resolver los temas asociados a la calidad y escala de los proyectos, y a los procesos de contratación y ejecución de las obras con soluciones ingeniosas.