La diferenciación entre gasto corriente y gasto de capital es estándar en el análisis fiscal y tiene su raíz en la sostenibilidad. La recurrencia y el destino del gasto marca la diferencia y nadie duda de su utilidad. Sin embargo, ésta tiene sus límites, sobre todo cuando se quiere gestionar por resultados y lo que se busca es la mejor combinación de insumos que pueda generar un producto que tenga impacto positivo sobre la ciudadanía. Y los insumos en la gerencia pública tienen que ver básicamente con el capital humano, los bienes y servicios, y la inversión, por lo que la prioridad no la da el tipo de gasto, sino la mejor combinación posible, siendo labor de la gestión pública encontrar esa mejor combinación en cada momento. Este razonamiento es el mismo que el de la productividad, es decir, utilizar de la mejor manera los factores de producción y no priorizar, ex-ante y sin análisis técnico, a alguno de ellos. 

Y a los que critican la rigidez del gasto corriente, sería bueno preguntarles qué opinan de las Asociaciones Público-Privadas, mecanismo que rigidiza aún más el gasto futuro. Claramente, la rigidez de algún tipo de gasto no puede ser un argumento para efectos de priorización. 

Más allá de las brechas de inversión que tenemos que seguir cerrando, no debemos descuidar el gasto corriente. No tiene sentido tener la mejor infraestructura educativa si el servicio que se le da al alumno es malo porque los profesores no son de calidad, o porque los materiales no llegan a tiempo. Lo mismo aplica a la salud, donde hospitales de primer nivel serán improductivos si no tenemos a buenos médicos ni contamos medicinas. Tampoco queremos súper carreteras que a los pocos años se deterioran porque no se les mantiene. 

El gasto corriente perdió relevancia como porcentaje del PBI durante la década pasada, de la mano de la antigua regla fiscal que promovía eso. Se pasó de un 15,2% en 2002 a un 13,4% en el 2011, recuperándose a un 15,8% en 2015. Lo mismo sucedió con el gasto en remuneraciones como porcentaje del PBI, que representó un 6,0% en 2002, 4,9% en 2011 y un 5,9% en 2015, cuando el promedio de nuestros pares regionales llega al 8,6%. Creo que esa pérdida de relevancia durante una década es una de las causas de la falta de progreso en la calidad de nuestros servicios públicos. 

Pero lo más importante no es que la tendencia se revirtió, sino que se hizo en el marco de reformas dirigidas a aumentar la productividad. Es por ello que en los últimos años se ha impulsado reformas remunerativas atadas a resultados y a meritocracia. Y también el mantenimiento de la infraestructura. Todo ello sin descuidar el gasto de capital, que en los últimos 5 años ha llegado a montos récord, superiores a los diez años precedentes. La clave es seguir buscando la mejor combinación posible que garantice calidad, y no “ningunear” al gasto corriente ni “endiosar” al gasto de capital. La nueva ley de responsabilidad fiscal tiene detrás este concepto, el enfoque de una gestión por resultados. Volver al esquema anterior sólo nos aseguraría tener servicios de pésima calidad.