El Comercio, 15 de marzo de 2003

Gobierno regional retira apoyo a Pacaya-Samiria

Iquitos. Un convenio de cooperación que funcionaba desde 1995, por el cual el gobierno regional financió el pago de más de treinta guardaparques de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria (RNPS), fue eliminado por la actual gestión, que desde enero estuvo presionando a fin de destituir al personal con experiencia de entre cuatro y quince años en dicha área protegida, para incorporar a guardaparques que no calificaron para desempeñarse en las tareas que exige el bosque.

Lo que más preocupó al jefe de la reserva, Grocio Gil Navarro, es que la decisión no solo afecta la protección de la zona, sino que ocurre en plena época de creciente, cuando los extractores ilegales aprovechan que las aguas cubren los terrenos entre los ríos que atraviesan la zona y generan varias salidas para retirar la madera eludiendo la escasa vigilancia que queda en los puestos de control.

Según Gil, varios de esos puestos de vigilancia se encuentran solo con personal voluntario de las comunidades o algunos guardaparques pagados por organismos no gubernamentales. Lamentó que entre los que serían separados se encuentre gente que fue agredida y amenazada de muerte por sus intervenciones contra los infractores e incluso no accedió a intentos de soborno.

Aclaró que no por esta situación han dejado de controlar la reserva, donde diez policías y algunos guardaparques patrullan el área de dos millones 80 mil hectáreas (el 1,5% del territorio nacional). Indicó que el gobierno regional financió el pago de 33 guardaparques, de los cuales tenía planeado reemplazar a 23.

Sin embargo, el presidente del gobierno regional, Robinson Rivadeneyra, mediante carta notarial, comunicó al jefe del Inrena, César Álvarez Falcón, que desde el 14 de febrero quedaron resueltos todos los convenios que existían con el antiguo CTAR-Loreto, mientras que el gerente José Univazo, en otra carta notarial, indicó lo mismo al jefe de la RNPS y le devolvió las planillas para que pague al personal hasta esa fecha.

Entre tanto, veinte servidores de la reserva presentaron una acción de amparo contra Rivadeneyra y la gerente de medio ambiente regional, Nélida Barbagelata Ramírez.